El uso de dispositivos móviles estará prohibido durante la segunda vuelta presidencial

La Registraduría Nacional del Estado Civil y la Procuraduría General de la Nación recordaron a la ciudadanía que está prohibido utilizar teléfonos celulares, así como cámaras fotográficas o de video, en los puestos de votación. Esta restricción aplica de manera específica en los cubículos de votación entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. durante la jornada de la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el próximo 21 de junio.

La medida se encuentra estipulada en el decreto de orden público emitido por el Gobierno nacional. El objetivo de esta normativa es prevenir la comisión de delitos electorales dentro del territorio nacional, tales como la corrupción de sufragantes y el tráfico de votos, conductas que están tipificadas en los artículos 390 y 390A del Código Penal colombiano.

Existen excepciones normativas para el uso de estos dispositivos tecnológicos durante el horario de la jornada de votación. Los medios de comunicación que cuenten con su debida identificación, al igual que los funcionarios asignados del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y las personerías, podrán emplear sus equipos para el desarrollo de sus funciones de vigilancia y competencias legales.

Por su parte, los ciudadanos comunes tienen permitido el uso del teléfono celular de forma exclusiva cuando requieran exhibir la cédula de ciudadanía digital ante los jurados de votación para el procedimiento de verificación de identidad. Una vez cumplido este paso y durante la permanencia en el cubículo de votación, el dispositivo no debe ser manipulado.

En el caso de los testigos electorales acreditados y los observadores internacionales autorizados, la reglamentación señala que la autorización para usar celulares y cámaras fotográficas o de video inicia a partir de las 4:00 p. m., coincidiendo con el cierre de las urnas y el comienzo del escrutinio. Ambas entidades instaron a los participantes de la jornada a cumplir las normas para el correcto desarrollo del proceso democrático.