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Paulo Andrés Durán G. - pduran@larepublica.com.co lunes, 22 de agosto de 2016

La huida de Moreno Ojeda se dio tras conocer que un juez de garantías de Bogotá ordenó su detención por los delitos de fraude procesal y prácticas restrictivas de la competencia.

Por tal razón, ayer la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que le pedirá a Interpol que emita una circular roja contra Ojeda para que responda por los delitos. 

De acuerdo con José Fernando Mestre Ordóñez, abogado penalista y socio de M&P Abogados, según la Ley 1474 del 2011,  contenida en el Estatuto Anticorrupción, una persona que incurra en el delito de prácticas restrictivas de la competencia podría pagar hasta 12 años de prisión; siendo seis años la pena menor. “Por el delito de fraude procesal, conforme con el Código Penal en su artículo 453, un ciudadano podría pagar hasta 12 años”, manifestó Mestre Ordóñez.

Por tal razón, uno de los cerebros del cartel de la seguridad privada podría pagar hasta 24 años de cárcel por los delitos que le imputan, si se le suman las penas máximas de las dos infracciones.  Sin embargo, como reseñó Ordóñez, “el juez,  teniendo en cuenta la manera concreta en la que se cometió el delito, fijará la pena exacta”, comentó el jurista socio de M&P Abogados. 

Cartel de seguridad privada

El 28 de enero de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra ocho empresas de vigilancia y seguridad privada (Guardianes, Starcoop, Cobasec, Centinel, Expertos, Insevig, Sejarpi, Security Management Group) que presuntamente se cartelizaron en 252 procesos de contratación pública, adelantados ante 149 estatales en todo el territorio nacional entre 2010 y 2012.

Según una fuente allegada a la investigación, que pidió no ser nombrada por seguridad, el proceso todavía está siendo investigado pues el número de empresas cartelizadas es grande.  Según la fuente, por esta práctica cada empresa podría pagar hasta $68.900 millones.

Se estima que las empresas de seguridad y vigilancia en Colombia generan unos 256.000 puertos de trabajo y mueven cerca de $7,6 billones al año. 

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