Elecciones corren el riesgo de ser aplazadas por violencia en al menos 380 municipios

El registrador Alexander Vega aseguró que la violencia en los municipios es preocupante, especialmente en el Cauca. En una rueda de prensa dijo "o salvamos entre todos las elecciones territoriales o existe el peligro de aplazarlas o, peor aún, repetirlas".

"Se puede perder todo menos la democracia y las elecciones", agregó. Esto lo dijo después de que la Defensoría del Pueblo asegurara que los grupos armados ilegales tiene en riesgo a cerca de 380 municipios.

En reunión con el Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en la Casa de Nariño, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, le explicó la situación de riesgo de vulneraciones en las distintas regiones del territorio nacional.

“Le dimos a conocer el mapa de afectaciones a los derechos humanos frente al certamen electoral de octubre. En el curso de los próximos días, como Defensoría del Pueblo vamos a presentar la Alerta Temprana de riesgos electorales. Queremos mejorar la respuesta institucional a partir de las recomendaciones que formularemos en nuestro documento de advertencia. Nuestro propósito es anticiparnos, mitigar y contrarrestar las posibles afectaciones que se puedan presentar en el previo y durante la fiesta democrática que se avecina”, expresó Carlos Camargo Assis.

Aseguró que el panorama a nivel nacional no es alentador en la actualidad: “alrededor de 380 municipios se encuentran entre riesgo alto y riesgo extremo. Quiere ello decir que hay altas probabilidades de la ocurrencia de hechos vulneratorios de los derechos humanos. Especialmente en el suroccidente del país, pues es una amplia zona que genera preocupación por la presencia de distintas estructuras armadas ilegales”.

Algunas facciones de las disidencias de las Farc, como el Estado Mayor Central (liderado por ‘Iván Mordisco’) y la Segunda Marquetalia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo), entre otros, son los grupos al margen de la ley que hoy hacen presencia y tienen injerencia en 392 municipios de 24 departamentos.

“Es imperativo que haya un cese inmediato de cualquier afectación a los derechos humanos individuales y colectivos de las poblaciones en todo el territorio colombiano. Cuando hablamos de cese inmediato, estamos hablando de un proceso de descontaminación; es decir, que se evite la instalación de artefactos o de minas antipersonal sembradas en algunas regiones”, afirmó el Defensor del Pueblo.