Paulo Andrés Durán G. - pduran@larepublica.com.co Domingo, 6 de marzo de 2016

Ser el Fiscal General de la Nación es un cargo que pretenden muchas personas, pues además de ser el segundo cargo más importante en la administración de justicia del país; allí se maneja un presupuesto de más de $3,02 billones y se tiene a cargo aproximadamente 30.000 empleados en 35 direcciones regionales diferentes.

De acuerdo con el artículo 249 de la Constitución Política, el presidente de la República, en este caso Juan Manuel Santos Calderón, es el encargado de enviar la terna para que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia elija entre los tres candidatos. 

Para Manuel Quinche, constitucionalista de la Universidad del Rosario y doctor en derecho de la Universidad Externado de Colombia, de los 23 magistrados que componen la Corte, es necesario que voten por el mismo candidato al menos dos terceras partes del total, es decir, 16. La tarea hoy es un poco difícil, en la actualidad hay únicamente 17 magistrados.

Luis Freddyur Tovar, constitucionalista de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, declaró que las vacantes existentes en la Sala Plena, aparentemente, se deben a que hay en juego muchos intereses particulares de los magistrados.

“La elección del nuevo Fiscal quedará bloqueada hasta que al interior del órgano provengan las vacantes, una situación compleja que requerirá acuerdos políticos”, detalló Tovar. 

Según Quinche, cuando el presidente Santos envíe su terna, la Corte podría declararla inviable al no poder lograr la mayoría calificada exigida, solución análoga a 2009 cuando proclamaron que ninguno de los  nominados por el expresidente y actual senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, se ajustaban a los requisitos. En su momento la terna estuvo compuesta por los abogados Camilo Ospina, Virginia Uribe y Juan Ángel Palacio, recordó el constitucionalista de la Universidad del Rosario.

El escenario podría implicar dejar a un encargado en cuyo caso sería el vicefiscal de la nación, Juan Fernando Perdomo. “Algo que también ocurrió, en  2009, cuando la Corte delegó a Guillermo Mendoza Diago durante un año como fiscal encargado en reemplazo de Mario Germán Iguarán Arana”, dijo Quinche.

De acuerdo con los artículos 249 y 232 de la Constitución, entre los requisitos formales exigidos para la elección del Fiscal se encuentran el ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio; así como abogado de profesión. Además, la persona no puede haber sido condenada por sentencia judicial a pena privativa de la libertad “excepto por delitos políticos o culposos”. 

En su currículum debe aparecer el haber ocupado cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público durante 10 años; “O haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado, o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente”, rezan los artículos de la Constitución.

Para Tovar el presidente Santos necesita un Fiscal comprometido con los temas de paz, requisito que cumplen los posibles candidatos. Conforme con los expertos consultados, los retos que deberá sortear el nuevo Fiscal son: bajar el índice de criminalidad que presenta el país, y sobre todo, desempañar exitosamente la función específica que se le asigne con la firma de los acuerdos de paz.

Fiscal vigilado

De acuerdo con Juan Manuel Charry,  experto en Derecho Constitucional y presidente ejecutivo del Instituto Libertad y Progreso, el Fiscal General de la Nación, por el momento, es vigilado por la  Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, mientras se resuelve si la nueva institución delegada para tal fin, el Tribunal de Aforados, sale ilesa tras las demandas que recibió por su constitución.

Las opiniones

Manuel Quinche
C
onstitucionalista de la Universidad del Rosario y Doctor en Derecho 
“Como la Sala Plena de la Corte no está completa, cuando Santos envíe la terna será declarada como inviable. De esta forma, el vicefiscal Perdomo pasará a fiscal encargado”.

Luis Freddyur Tovar
C
onstitucionalista de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali
“El sonajero político se adapta a lo que necesita el Presidente, pues debe poner un fiscal comprometido con los temas de paz que implemente lo acordado en La Habana”.