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Margarita Coneo Rincón - mconeo@larepublica.com.co lunes, 21 de octubre de 2019

Las condiciones de hacinamiento de 1.989 en Medellín fue denunciada en mayo por el personero de la ciudad

En el Valle de Aburrá las condiciones de hacinamiento de las personas retenidas en estaciones de policías y Unidades de Reacción Inmediatas (URI) supera el 1.000% según el Tribunal Superior de Medellín, asegurando que en algunos casos incluso eran vulnerados los derechos de los retenidos.

Frente a la situación, La Corte Suprema de Justicia le ordenó a la Alcaldía de Medellín, a la Gobernación de Antioquia, al Ministerio de Justicia, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) la construcción de un nuevo centro penitenciario en la ciudad. Para la elaboración del programa de construcción del nuevo penal, la corte dio un plazo máximo de seis meses.

La medida fue tomada después de que en mayo el personero de la ciudad advirtiera al Tribunal Superior de Medellín de la situación en la que se encontraban 1.989 personas cuyos derechos eran vulnerados. Según la personería de la capital antioqueña los reclusos "cuentan con espacios reducidos, para la cantidad de personas que permanecen en ellos, con cero a tres baños en regular estado, con condiciones de iluminación baja, la mayoría carecen de patio sin poder salir al sol, con entornos de humedad, hongos, goteras, mala higiene y presencia de insectos –chinches, cucarachas y pulgas-".

El alto tribunal de la ciudad entonces empezó una investigación en la que determinaron en grave estado de hacinamiento en los centros de reclusión; razón por la que se ordenó trasladar a los internos, hacer brigadas de salud y empezar los procesos necesarios para poner a rodar la construcción de un nuevo penal.

Sin embargo, la decisión del órgano regional fue apelada por las entidades que resultarían afectadas como la Alcaldía de Medellín y La Uspec, quienes argumentaron que el Tribunal Superior no podía ordenar obras públicas, entre otras.

En respuesta, la magistrada Patricia Salazar, de la Corte Suprema dio fin a la discusión, ratificó y ordenó de manera definitiva la construcción del nuevo penal “La imperativa creación de un centro de reclusión metropolitano para albergar la población detenida preventivamente en el Valle de Aburrá, constituye apenas una obligación legal de los entes territoriales, incumplida hasta ahora, y que impedirá con su puesta en funcionamiento la intolerable afectación de los derechos fundamentales de aquellas personas”.

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