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Daniel Rojas Castañeda - drojas@larepublica.com.co sábado, 25 de abril de 2020

Desde la Procuraduría se indicó que han priorizado 1.286 casos relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados

La Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía y la Contraloría convocaron una reunión en la que indicaron que, en su función de vigilancia y control, hasta el momento han identificado 53 procesos por irregularidades en contratos para ayudas a las poblaciones vulnerables en el marco de la pandemia. Estos suman un total de más $135.918 millones.

Desde la Procuraduría se indicó que han priorizado 1.286 casos relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a las ayudas humanitarias para atender la emergencia derivada del covid-19. De estos, 990 son procesos preventivos, 123 son inicios de actuaciones disciplinarias y 41 ya fueron archivados.

Así mismo, hay 24 expedientes por contratación en 14 gobernaciones y 70 procesos en 55 alcaldías. También se están revisando 24 contratos que vinculan a entidades del orden nacional y territorial.

Estas cifras se presentaron como parte de la estrategia que ha permitido trabajar de manera articulada a los tres entes de control y quienes formaron un programa de vigilancia y control al que denominaron “Transparencia para la Emergencia”.

Según el procurador Fernando Carrillo, estas indagaciones han sido de los casos más dramáticos de la corrupción.

LOS CONTRASTES

  • Francisco Barbosa Fiscal General de la Nación

    “No toleraremos que nos quiten un solo peso y que arremetan contra los recursos públicos, o cualquier otro elemento de corrupción. Lo nuestro son discursos con acciones”.


  • Fernando CarrilloProcurador General de la Nación

    “Estoy seguro de que la ciudadanía, la intervención de los veedores y tantos grupos vulnerables que se sienten afectados tienen que seguir denunciando”.

“El hecho es inédito por la avalancha de corrupción que hemos vivido en estas ultimas semanas por cuenta de la utilización de los recursos en términos de lo que es combatir y mitigar el virus”, indicó Carrillo.

El Procurador también señaló que se adelantan 40 procesos por irregularidades en la contratación. De estos, 28 son por sobrecostos en la adquisición de mercados, seis por la adquisición de elementos de protección, nueve por trasgresión de aislamiento obligatorio, tres por la vulneración de los derechos de la población carcelaria, dos por extralimitación de funciones de servidores públicos y 34 por otros hechos.

Por otro lado, desde la Contraloría indicaron que se abrió proceso de responsabilidad fiscal por $1.050 millones contra el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, por los presuntos sobrecostos que se han detectado en las contrataciones.

También se ordenaron 27 indagaciones preliminares donde se verificará si hay mérito para adoptar o no iguales decisiones en esos casos en los que se encuentran involucradas las gobernaciones del Valle del Cauca, Cesar, Casanare, Tolima, Nariño, Guaviare y Vichada.

Las contrataciones cuestionadas están relacionadas, en su mayor parte, con la entrega de kits de víveres y aseo para población vulnerable, adultos mayores y estudiantes; en los que se evidencian notorios sobrecostos en los precios de los productos que los conforman.

En el primer mes de la emergencia sanitaria por el covid-19, la Contraloría analizó 17.486 contratos por $2,1 billones, generando 108 alertas en 26 departamentos que adelantaron contratación por un total de $155.231 millones.

Por otro lado, el promedio general de los presuntos sobrecostos detectados con estas alertas es de 37%. El mayor promedio es de la Nación (72%), seguido de Boyacá (59%), Guaviare (58%), Guainía (51%) y Bogotá (47%).

Por su parte, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, no solo reconoció que el trabajo en conjunto entre las entidades permitía las sanciones inmediatas que están procediendo, sino que también evitaba que se perdieran los recursos públicos.

“La Fiscalía designó nueve fiscales especializados, seccionales y locales, con el apoyo de 16 asistentes de fiscal y 80 funcionarios de policía judicial que han venido trabajando con la Procuraduría y la Contraloría”, aclaró Barbosa.

A la fecha, ya se han llevado a cabo 16 sesiones de mesas técnicas entre los funcionarios destacados por cada entidad para articular esfuerzos conjuntos, quienes están unificando criterios para establecer las acciones a llevar.

“Los órganos de control no se deben a ningún órgano ni bandera política y seguiremos adelante con estas investigaciones porque no vamos a permitir que se convierta el hambre de los colombianos en la gula de tantos corruptos que han creído que por la emergencia tienen pasaporte para actividades corruptas”, expresó Carrillo.

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