Estas fueron las contradicciones que utilizó la defensa de Ciro Ramírez ante la Corte

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la libertad del senador Ciro Ramírez de Centro Democrático el 2 de mayo de 2025, tras 16 meses de detención preventiva en la cárcel La Picota. La decisión, sustentada por el magistrado Jorge Emilio Caldas, revocó la medida de aseguramiento al considerar que "ya cumplió con el fin para el cual fue impuesta: evitar la obstrucción al proceso".

Ramírez enfrentaba acusaciones por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en contratos, relacionados con la presunta manipulación de quince contratos en Tolima, Quindío y Valle del Cauca mediante el Departamento de Prosperidad Social, DPS, durante el gobierno de Iván Duque.

El caso gira en torno al convenio 670 de 2021, suscrito entre Proyecta Quindío y el DPS. Pablo Herrera, exgerente de Proyecta Quindío, declaró en septiembre de 2023 que Ramírez gestionó el convenio para beneficiarse económica y electoralmente. Sin embargo, la defensa del senador presentó un audio de Herrera grabado cinco días después de la firma del convenio, donde atribuía la gestión al entonces gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo.

Herrera afirmó inicialmente que un intermediario llamado Cardozo ofreció $200 millones para Ramírez. No obstante, el 31 de enero de 2025, ante el magistrado William Castiblanco, rectificó: “El señor Cardozo me dijo que esos $200 millones me los iban a dar a mí. No tengo conocimiento de qué le ofrecieron al señor Ciro”. La acusación original citaba que Herrera rechazó entregar dinero "con destino a Ramírez", pero su versión final desvinculó al senador.

Herrera insistió en que su empleado, Alejandro Noreña, necesitaba autorización para apoyar candidatos. Noreña negó esto el 17 de febrero de 2025: “¿Requirió permiso para apoyar mi candidatura? No, señor”. Sobre el presunto uso político del convenio, Noreña declaró que Ramírez se atribuyó una plaza de mercado en Armenia financiada con recursos del convenio. Investigaciones confirmaron que el proyecto no existía en el acuerdo. Cinco testigos de una reunión en diciembre de 2021 negaron que Ramírez hubiera mencionado el convenio.

Noreña admitió que Ramírez no realizó campaña en el Quindío durante las elecciones de 2022 y que los votos obtenidos en la región "no tuvieron relación alguna con el convenio 670".

La fase probatoria terminó. En consecuencia, la Corte Suprema se encuentra en etapa de deliberación para emitir su fallo definitivo sobre la culpabilidad o inocencia del político.