• Margarita Coneo Rincón

lunes, 26 de abril de 2021

Agregaron que procederán a apelar la decisión y de ser necesario acudirán a otras instancias para revertir el fallo de la Contraloría

Hoy se dio a conocer el fallo de la Contraloría General de la República sobre el caso Reficar, en el que halló responsabilidad fiscal por $2,9 billones contra cinco exdirectivos de la empresa (dos presidentes y tres vicepresidentes), siete miembros de la junta directiva y cuatro empresas contratistas.

Un grupo de exmiembros de la junta directiva de la compañía, que crearon el grupo "La Verdad Caso Reficar", anunció, por medio de un comunicado de prensa, que por el momento no habían sido notificados "en los términos de ley" de la decisión y afirmaron que el órgano de control se alejó de todas las pruebas que demuestran el correcto manejo de los recursos de la entidad, por lo que el fallo emitido, no es en derecho; motivo por el cual lo apelarán y de ser necesario, acudirán a otras instancias.

"La Contraloría se apartó durante todo el proceso del inmenso caudal probatorio que demuestra que tomamos las mejores decisiones para salvaguardar los recursos públicos invertidos y se garantizó la terminación y puesta en marcha de la Refinería. En consecuencia, no estamos ante un fallo en derecho", explican en el comunicado.

Agregan que el fallo es contradictorio con las conclusiones a las que arribó la Procuraduría General, después de ocho años de profundas investigaciones que permitieron destacar la actuación diligente y acertada de los miembros de Junta Directiva en lo relacionado con las adiciones del Capex. Resaltan de igual forma que ni la Procuraduría ni la Contraloría pudieron encontrar conductas que se pudieran catalogar como actos de corrupción.

En paralelo, dicen que "el que se alcance o no la expectativa de rentabilidad es algo que sólo se sabe con certeza al final de la vida útil de la refinería, y en todo caso aun cuando no se logre tal rentabilidad ello no constituye un detrimento patrimonial". Lo anterior debido a que la Contraloría atribuye una responsabilidad fiscal argumentando haber incumplido una expectativa de rentabilidad calculada con base en el costo inicial del proyecto.

Sustentan que el costo inicial proyectado en 2009 por CB&I en US$3.777 millones, no puede ser el punto de referencia para determinar lo que en realidad costaría construir la Refinería, debido a que se ha probado que el tiempo y los costos fueron subestimados. Entre tanto, la Tasa Interna de Retorno del proyecto siempre fue positiva, por tanto, no se generó pérdida alguna de la inversión.

Afirman que "el fallo pone en riesgo la ejecución futura de megaproyectos en Colombia, ante la incertidumbre que supondría para cualquier decisor, tener que responder patrimonialmente por diferencias entre la expectativa de rentabilidad y la que resulte como indicativa en cada momento de evaluación de un proyecto".

De igual forma agregan que la Contraloría desconoció 10 experticias técnicas emitidas por reputadas firmas nacionales e internacionales, además de un informe técnico emitido por un equipo de apoyo técnico de la propia entidad.

"Entre las diversas estrategias y planes de mitigación implementados, durante los años 2012 y 2013, la Junta Directiva y la administración de Reficar, de ese entonces, y con el apoyo de expertos, evaluaron demandar al contratista, retirarle alcance o cambiarlo. La opción menos onerosa y de menor riesgo resultó ser continuar con el contrato y presentar la reclamación arbitral después de haber garantizado la terminación del proyecto".