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Laura Vita Mesa - lvita@larepublica.com.co viernes, 9 de octubre de 2020

Fiscal Jaimes aclaró que “la investigación no parte de cero”, y que pruebas de la Corte se tendrán en cuenta

Aunque al cierre de esta edición no había concluido la audiencia ante la juez 30 de control de garantías para decidir sobre la libertad del expresidente Álvaro Uribe, ya se empezaban a aclarar las posiciones de cada una de las partes.

Una de ellas es la de la Fiscalía General de la Nación. El fiscal que lleva el proceso por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, Gabriel Jaimes, solicitó durante la diligencia que se deje en libertad al exmandatario; sin embargo, hizo énfasis en que no habrá impunidad y el proceso no empezará desde cero.

Tras hacer un recuento de la jurisprudencia, el fiscal le dio la razón al apoderado de Uribe, Jaime Granados, quien durante su intervención señaló que no se puede equiparar la indagatoria con la imputación. El abogado argumentó que los dos actos procesales tienen implicaciones distintas en un proceso penal.

Adicionalmente, señaló que tras revisar la documentación del proceso detectó “que la forma de vinculación realizada por la Corte afecta el debido proceso”. Esto, porque encontró que en la indagatoria al expresidente Uribe no se le transmitieron todos los hechos, ni se estableció el título de los delitos, la modalidad y circunstancias por los que lo investigaban, lo que constituye una “vulneración al debido proceso”. Además, señaló que al exmandatario no se le puso de presente la posibilidad de confesar los delitos y sus derechos, que son requisitos indispensables en la imputación.

Por todo lo anterior, solicitó que, en aras de respetar el debido proceso y las garantías de todas las partes, se deje en libertad al expresidente. Sin embargo, aclaró que “la investigación no parte de cero”, y que las pruebas recolectadas por la Corte Suprema de Justicia se tendrán en cuenta para una eventual imputación.

La polémica, sin embargo, corrió por cuenta de los argumentos de las víctimas. Tras las intervenciones de Granados y la Fiscalía, el exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo, reconocidos como víctimas, solicitaron un aplazamiento de la audiencia para estudiar los argumentos de la Fiscalía en los que, según ellos, se solicitó la nulidad de lo actuado.

La delegada del Ministerio Público se opuso a la petición, que fue calificada por la juez como “tergiversación” de los argumentos de la Fiscalía. Sin embargo, les concedió un receso de 45 minutos para ese fin.

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