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miércoles, 30 de agosto de 2023

El oficial tiene 30 días hábiles para reconocer su responsabilidad o rechazar los cargos endilgados por la Jurisdicción Especial para la Paz

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acusó al general en retiro Mario Montoya de crímenes de lesa humanidad, específicamente de homicidio en persona protegida y desaparición forzada. De acuerdo con el Tribunal de Paz, el oficial es responsable de más de 130 asesinatos y desapariciones forzadas, que ocurrieron en 16 municipios del oriente de Antioquia.

Los hechos ocurrieron entre 2002 y 2003, cuando Montoya ejercía como comandante de la Brigada IV del Ejército, donde consolidó el mensaje de “muertes en combate” como el único indicador de éxito, aseguró la JEP. A partir de las cifras de muertes, los militares de los distintos batallones adscritos a esa brigada recibían incentivos, vacaciones y felicitaciones.

Montoya fue el encargado de fortalecer el discurso de legitimidad de la guerra que llegaba a los militares, a través de programas radiales. “A la gente que se destaca hay que darles permiso”, solía decir el exmilitar.

Los testimonios tanto militares como víctimas le permitieron a la Jurisdicción Especial establecer que el entonces comandante militar daba la “orden recurrente” de alcanzar “litros, chorros, ríos, barriles o carrotancados de sangre”. Así lo relató este miércoles la magistrada Catalina Díaz Gómez, una de las relatoras del macrocaso 03, que investiga ‘falsos positivos’.

Para la JEP, Mario Montoya es responsable de crímenes de lesa humanidad, específicamente de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, delitos que hicieron “parte de un ataque contra la población civil”. El Tribunal determinó que “no fueron hechos aleatorios, ocasionales o aislados”; por el contrario, las ejecuciones extrajudiciales obedecieron a patrones sistemáticos.

A su vez, esos "patrones" fueron la modalidad con la que Montoya intentó obedecer la política estatal de búsqueda de victoria en la guerra contra los grupo guerrilleros. El oficial tiene 30 días hábiles para reconocer su responsabilidad o rechazar los cargos endilgados. Ese mismo plazo lo tienen las víctimas y el Ministerio Público para presentar observaciones.

Al terminar ese período, la JEP determinará una fecha para una audiencia pública de reconocimiento de verdad. De lo contrario, si Montoya sigue negando su participación, como lo ha hecho hasta ahora, el caso irá a la Unidad de Investigación y Acusación, que es como la Fiscalía de la JEP.

Si acepta su responsabilidad, luego de la audiencia de reconocimiento se emitirá una resolución de conclusiones con las que el Tribunal de Paz y las víctimas evaluarán sanciones propias de la justicia transicional. En caso contrario, el proceso podría llevarlo a una determinación de hasta 20 años de cárcel.