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Colprensa Miércoles, 8 de julio de 2015

En esa investigación, el ente de control fiscal también vinculó al Secretario Departamental de Educación, Javier Alberto Posada Meola, y a la Diócesis de Magangue a la que le embargó 10 inmuebles.

El gobernmador Gossaín dijo en un comunicado que confía en que se le respete el debido proceso y advirtió que “hará uso de todos los mecanismos y pruebas para hacer valer sus derechos”.

El siguiente es el texto del comunicado:

“Con relación a las presuntas irregularidades que según la Contraloría General de la República originan la imputación de cargos por responsabilidad fiscal por un total de $980.223.199 el Gobernador de Bolívar comunica a la opinión pública lo siguiente:

1. Hasta ayer lunes 6 de julio el Tesorero de la Gobernación de Bolívar recibió comunicación de la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República, solicitando como medida cautelar el embargo de la quinta parte del sueldo del Gobernador dentro de un proceso de responsabilidad fiscal que adelanta esta entidad.

2. Según señala el auto que dicta la mencionada medida, esta debía ser notificada en Estrado el día 30 de julio, fecha en que se va a realizar la Audiencia del proceso que adelanta la Contraloría; por ello llama la atención que se haya hecho tal notificación a través de un comunicado de prensa dirigido a los medios de comunicación.

3. Este proceso se deriva del informe de auditoría dado a conocer hace unos cuatro meses, sobre supuestos hallazgos por $25.000 millones; en este momento solo se apertura un proceso por poco más de $980 millones. Con respecto a los demás hallazgos se ordenó iniciar una indagación preliminar, lo que quiere decir que no habían elementos de juicio suficientes que permitieran elevar hallazgos, y por eso se deben revisar mejor los hechos y elementos analizados por la comisión auditora. Este es un proceso que apenas inicia y el Gobernador hará uso de todos los mecanismos y pruebas para hacer valer sus derechos.

4. El Gobernador ha solicitado desde hace varios meses, y por escrito, los audios de la Sala en donde se tomó la decisión de elevar los hallazgos, y hasta la fecha se ha negado el acceso a estos archivos. Sin embargo, en esta oportunidad se da a conocer una información que incluso debería estar bajo la reserva del proceso.

5. Finalmente confiamos que dentro de este proceso de responsabilidad fiscal, se respeten los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa del Gobernador de Bolívar. 

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