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Colprensa Jueves, 12 de diciembre de 2013

La defensa del Gobernador de Sucre, Julio César Guerra Tulena, solicitó a la Procuraduría General de la Nación la nulidad del proceso disciplinario que se le adelanta al mandatario seccional por presuntas irregularidades en la licitación del juego del chance en ese departamento.

El abogado Luis Yesid Hoyos presentó la nulidad por considerar que se han presentado violaciones al debido proceso pues la investigación se adelanta de manera verbal.

“En lugar de proferir auto de apertura de investigación disciplinaria, lo que hicieron fue abrir una preliminar y en esa acopiaron las pruebas para poder formular cargos y hacerlo por el procedimiento verbal. En alguna manera direccionaron para que fuera así”, señaló.

A juicio de Hoyos, el procedimiento escrito “es mucho más garantista porque permite evaluar mejor los argumentos”. No obstante, el defensor manifestó su preocupación sobre los cuestionamientos que se han hecho recientemente a la Procuraduría por decisiones tomadas sobre funcionarios elegidos por voto popular.

“Uno espera que la gente disciplinada por la Procuraduría pueda contar con unas garantías. A mí no me llama la atención que el Gobernador vaya a ser juzgado en un proceso disciplinario verbal en un momento en que hay tanta conmoción en relación con otro tipo de decisiones”, dijo.

Les formularon cargos
Este jueves, en audiencia desarrollada en Bogotá, la Procuraduría les formuló cargos al gobernador Guerra Tulena, así como a Edwin Romero Ángel y Carlos Augusto Pretelt Geovo, exgerente y actual gerente de la Empresa Comercial de Juegos de Suerte y Azar de Sucre, Emcoazar.

A Tulena se le formuló un cargo por no hacer control sobre Emcoazar, permitiendo que la licitación se adjudicara sin que existieran múltiples oferentes, favoreciendo a la empresa Aposucre S.A. “(…) comportamiento omisivo que además dio lugar a que fuera declarada la caducidad del precitado contrato sin que al parecer se presentaron las causales previstas en la Ley, y con el que ocasionó que ese ente territorial no esté recaudando los recursos económicos producto de la renta que debería generar”, señala el cargo.