Hallazgos fiscales por $1.800 millones en el Inpec encienden alarmas por irregularidades

Las auditorías de cumplimiento que le hizo la Contraloría General de la República al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) concluyeron en 11 hallazgos fiscales por $1.800 millones y ocho traslados a la Fiscalía General de la Nación.

La revisiones confirmaron que el Inpec no ha actuado de forma oportuna frente a las dificultades que enfrenta en la generación de cupos.
La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcerlarios (Uspec), que es la encargada de llevar a cabo la labor, ha presentado demoras en la implementación del plan previsto para el hacinamiento.

La Contraloría visitó dos de los recintos que la Uspec entregó. El primero, Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, fue inaugurado por la entidad pero no está en operación.

El segundo, Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de El Espinal (Tolima), ya opera pero no cuenta con los requerimientos mínimos para atender a los presos.

De acuerdo con el comunicado que emitió el ente fiscal, a raíz de las demoras de la Uspec, el Inpec ha tenido que celebrar contratos con entidades territoriales e invertir de sus propios recursos en la infraestructura carcelaria, lo que extralimita sus competencias y además genera una duplicidad de inversión.

Otro inconveniente es que la Uspec no contaba con un control efectivo de las sumas entregadas a título de anticipo, ni pactó la obligación de generación y rendimiento sobre el dinero que entregó.

La salud en los reclusorios también fue afectada. Durante el año 2016 la entidad no utilizó $5.009 millones que estaban destinados para dicho fin y fueron reintegrados al Tesoro Nacional por falta de apropiación. Los hallazgos serán analizados por la Fiscalía.