miércoles, 15 de septiembre de 2021
El arbitraje de inversión contra el estado colombiano continúa en una segunda etapa para precisar si se compensa a la minera
A finales de la semana pasada el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) presentó un fallo en el caso de la disputa que activó la minera canadiense Eco Oro contra el Estado al demandar que no hubo protección de las inversiones según lo contempla un capítulo del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia.
Una de las decisiones que emitió este Tribunal internacional es que Colombia violó el artículo 805 del Tratado en su tratamiento de la inversión de Eco Oro en el proyecto minero de oro y plata, conocido como Angostura, ubicado en el noreste del territorio nacional. Con esto, se labró el camino para que la minera sea resarcida o no en una segunda etapa del proceso.
En este arbitraje de inversión uno de los bufetes que representa a Eco Oro es Holland & Knight, firma que trabajó con el equipo de Freshfields Bruckhaus Deringer. José Vicente Zapata, socio de Holland & Knight, y el senior counsel Juan Casallas, fueron los abogados representaron a Eco Oro en esta disputa internacional.
“La decisión del tribunal confirmó las afirmaciones de Eco Oro de que Colombia violó el artículo 805 del Tratado al no dar un trato justo y equitativo a las inversiones de Eco Oro en Colombia relacionadas con el Proyecto Angostura. El monto de la compensación se decidirá en una fecha posterior”, indicó en un comunicado la firma Holland & Knight.
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Como representantes legales de Eco Oro, explicaron que en los últimos 20 años la minera invirtió cientos de millones de dólares en el desarrollo del Proyecto Angostura y fue reconocida por sus programas sociales y prácticas ambientales, por lo que recibió premios tanto internacionales como de las autoridades colombianas. “Sin embargo, en 2016 Colombia tomó medidas para prohibir la minería en el área, privando así a la compañía del valor de su inversión, sin compensación alguna, la cual se estimaba en US$700 millones”, indicaron.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado destacó que, si bien es cierto que el proceso continúa, el Ciadi reconoció el derecho legítimo que tiene el Estado de delimitar la actividad económica en sus páramos.
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