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Juan Pablo Vega B. - jvega@larepublica.com.co Jueves, 7 de junio de 2018

Proceso recae sobre 15 exdirectivos de Ecopetrol y de la Refinería

Las investigaciones y las actuaciones de los entes de control en torno a los sobrecostos que se registraron en la modernización de la Refinería de Cartagena avanzan y siguen vinculando a varios exdirectivos de Ecopetrol y de Reficar.

El turno ahora fue para la Contraloría General de la República, en cabeza de Edgardo Maya, que expidió un auto de imputación de responsabilidad fiscal, luego de comprobar que hubo un daño fiscal por la pérdida de las inversiones que se hicieron en Reficar entre 2011 y 2015.

El monto de este daño fiscal es de US$2.400 millones ($5 billones) y está relacionado con el pago de mayores costos por la mano de obra y los subcontratos, hecho que dificulta que puedan ser recuperados los dineros que se invirtieron, situación que afecta a la Nación, como accionista mayoritario.

Así, de acuerdo con la Contraloría, esto generaría sobrecostos en la ejecución y costos de financiación, lo que representaría que el país terminaría pagando US$13.000 millones.

La decisión de la Contraloría, establece el mayor detrimento patrimonial de Colombia en toda su historia, pues el caso superaría en cuatro veces el fallo de Saludcoop de 2013.

El auto establece imputación contra 15 funcionarios, entre los que se destaca el expresidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez. El exdirector del Departamento Nacional de Planeación, Hernando José Gómez, a Orlando Cabrales, en calidad de expresidente de Reficar y también a Reyes Reynoso, así como miembros funcionarios de Ecopetrol.

José Roberto Acosta, profesor del Cesa, destacó que estas imputaciones ya se han hecho en la Procuraduría General de la Nación y aseguró que “es la única forma de que haya disciplina con los recursos públicos”.

“El cambio de los contratos como se hizo es una actividad con varios puntos cuestionables, se afectó el flujo de caja gravemente”, concluyó Acosta.

La Contraloría ordenó investigar por separado más de US$200 millones de deuda y capitalizaciones de Ecopetrol que no se destinaron a la financiación del proyecto.

De acuerdo con el texto, los imputados tienen derecho a rendir respuesta en 10 días hábiles, después que se surta el grado de consulta por el despacho del Contralor Edgardo Maya Villazón, quien es el responsable de decidir sobre el caso.

LOS CONTRASTES

  • José Roberto AcostaProfesor del Cesa

    “Es un hecho destacable. Es la única forma de que se vuelvan serios y haya disciplina con esos recursos. Se cambiaron los contratos y es una actividad con varios puntos cuestionables, se afectó el flujo de caja”.

Las investigaciones pudieron determinar que, de los US$4.500 millones adicionales, al menos US$3.500 millones se destinaron a financiar mano de obra adicional producto de la baja productividad en la ejecución del proyecto y sobre lo cual no se tomaron acciones preventivas ni correctivas.

Esta decisión, de acuerdo con lo que indicó la Contraloría se tomó en tiempo récord, teniendo en cuenta el tamaño de la investigación que tomó cerca de año y medio y la participación de 15 investigadores.