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miércoles, 10 de agosto de 2022
Entre ellos figuran el exgobernador Luis Alfredo Ramos y Federico Restrepo, exgerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM)
La Procuraduría pide incluir cuatro municipios en área de influencia de Hidroituango
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia avaló los cargos de interés indebido en la celebración de contratos contra nueve exfuncionarios que habrían tenido responsabilidad en las presuntas irregularidades que se dieron en la contratación y el manejo de Hidroituango entre 20111 y 2015.
Entre ellos figuran Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia; Álvaro Vásquez, exgerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquía (Idea); Fabio Alonso Salazar, exalcalde de Medellín; y Federico Restrepo, exgerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM).
Cabe recordar que, el 30 de marzo de 2011, Hidroituango SA y EPM Ituango SA celebraron el famoso contrato Boomt (Build, Owner, Operate, Manteining and Transfer), con el fin de financiar la construcción, operación, detentación, mantenimiento y transferencia final de la generadora hidroeléctrica.
En su momento el Idea y la Gobernación de Antioquia participaron de forma directa en el trámite y la celebración del contrato, que fue entregado bajo la modalidad de negociación directa a EPM. Lo anterior, según informó el ente acusador en su momento, habría vulnerado los principios esenciales de la contratación pública, por lo que imputó a los mencionados el delito de interés indebido en celebración de contratos.
“Este juicio será la oportunidad de promover un control social, técnico y transparente que en el futuro permita un acertado y educado ejercicio del poder punitivo”, se lee en un comunicado conjunto publicado por los equipos de defensa de Alonso Salazar y Federico Restrepo.
Además, habrían incurrido en irregularidades para lograr un acuerdo de accionistas al nombrar un nuevo gerente de Hidroituango y al cambiar el Manual de Contratación para permitir que uno de los socios (EPM), fuera designado como contratista.
El pasado 19 de julio, la Fiscalía informó que pediría imputación por falsedad en documento público y fraude procesal a Jesús Ignacio Echavarría, abogado de EPM y apoderado de Hidroituango ante la Anla; y a Hernán Sánchez, profesional de la Dirección Ambiental Social y Sostenibilidad Proyecto Ituango.
También, la imputación por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado a Luis Javier Vélez, vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía de EPM; Wilson Chinchilla, vicepresidente ejecutivo de Proyectos de Desviación de EPM; y Álvaro León Ospina, director de desarrollo del proyecto Hidroituango.
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