lunes, 31 de agosto de 2020
Las propiedades al parecer fueron registradas a nombre de sus familiares, algunos menores de edad y presuntos testaferros
La Fiscalía y la Dijin mediante un rastreo y basados en el material probatorio recopilado, pusieron en evidencia diferentes maniobras ilegales a las que había recurrido la estructura criminal 'El Mesa' para ocultar dineros provenientes de narcotráfico, homicidios, desplazamiento forzado y extorsiones llevados a cabo en los municipios de Antioquia, Bogotá, Soacha (cundinamarca) y Tunja (Boyacá).
Durante las investigaciones realizadas, se pudo constatar que los cabecillas de la organización delincuencial conocidos como alias "el doctor" el "montañero", "malacate" y "piolo" habían adquirido múltiples propiedades que, al parecer, fueron registradas a nombre de sus familiares, alguno de ellos menores de edad, adultos mayores y presuntos testaferros.
Por lo que la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo a 100 bienes, avaluados en $200 millones, que conformarían ese patrimonio criminal que intentaban mantener oculto los integrantes de ´El Mesa´, los cuales fueron llevadas a cabo en Medellín, Bello, Rionegro, Copacabana, Girardota; Envigado; San Jerónimo, Antioquía; Santiago de Tolú, Sucre y Mitú, Vaupés.
Algunos de los inmuebles embargados en Bello Antioquia, según los elementos probatorios, habían sido entregados, supuestamente, a los señalados integrantes de "El Mesa" por algunas constructoras, con el fin de evitar el cobro de las extorsiones, dejar de recibir amenazas y continuar con sus proyectos urbanísticos.
De igual forma las autoridades también pudieron desvirtuar las versión entregada por uno de los cabecillas de la organización, Jorge Vallejo Alarcón, alias Vallejo, que trató de darle apariencia de legalidad al dinero ilícito aduciendo haberse ganado la lotería.
Entre los bienes afectados la Fiscalía informó que sobresale un título minero para la explotación de coltán en un área de 1.995 hectáreas, ubicada en una zona de especial protección ambiental en Vaupés. En este caso, llamó la atención de las autoridades que como representante legal de esa mina, aparecía una mujer afiliada al Sisben, quien no tendría la capacidad financiera para sostener una actividad de extracción de este tipo de material.
De igual manera fueron ocupadas 11 fincas de recreación, algunas de las cuales habrían sido utilizadas para realizar reuniones de la estructura criminal; dos cabañas frente al mar Caribe en Tolú, 32 apartamentos, tres casas, 14 establecimientos de comercio, 17 vehículos, entre otros bienes.
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