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Colprensa jueves, 3 de mayo de 2012

Eduardo Montealegre, fiscal general de la Nación, anunció que ese despacho iniciará una investigación sobre las presuntas irregularidades que se habrían cometido en el interior del Consejo Superior de la Judicatura.

Las denuncias, conocidas en las últimas horas, aseguran que existen actas falsas de sesiones de la corporación, con las cuales se realizaron nombramientos de magistrados auxiliares.

'Estamos investigando; partiendo de una denuncia que se hizo por parte de altos funcionarios del Consejo Superior de la Judicatura, que advierte que varias personas, sin que hubiesen sido asignadas para ocupar el cargo, posteriormente fueron nombradas y ocuparon el cargo en varias regiones del país; en este momento son seis casos', explicó eljefe del órgano acusador e investigativo.

Luego de que la investigación sea adelantada por la Fiscalía, la documentación y el material probatorios serán enviados a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Magistrados se defienden
La responsabilidad por las irregularidades denunciadas en las actas de nombramientos de magistrados auxiliares no corresponde a los magistrados titulares sino a la Secretaría General del Consejo Superior de la Judicatura, según el análisis de los integrantes de esa alta corte.

Así lo señaló el presidente de la Sala Disciplinaria de la corporación, Angelino Lizcano, mediante un comunicado de prensa, tras las declaraciones de Eduardo Montealegre.

Este punto es clave, toda vez que la investigación denominada como del `Carrusel de Pensiones` trata de determinar si los magistrados nombraron voluntariamente de forma irregular a magistrados auxiliares, para favorecerlos con millonarias pensiones.

Mediante el comunicado Lizcano señaló que las investigaciones anunciadas este jueves 'fueron conocidas en Sala Ordinaria el pasado 25 de abril, en la cual se ordenó adelantar la actuación disciplinaria contra los empleados que habrían incurrido presuntamente en inconsistencias de trámites administrativos de la Secretaría Judicial'.

Según Lizcano, dentro de la información allegada a la Sala se encontraron inconsistencias 'de la omisión secretarial en inclusión de algunos nombres cuando se elaboraron y redactaron las actas de nombramientos de funcionarios seccionales, dichas actuaciones son objeto de una indagación disciplinaria dentro de la misma Corporación'.

El magistrado señala que entonces la responsabilidad radica en esos funcionarios y no en los magistrados investigados en este escándalo.

Lizcano aseguró además en la comunicación que están prestos a colaborar con las autoridades competentes 'en aras de salvaguardar la autonomía e independencia de la justicia, la cual ha venido siendo estigmatizada para desprestigiar la labor jurisdiccional que venimos cumpliendo dentro del marco de la Ley'.

Entre tanto, el Gobierno, en cabeza del Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra calificó esta situación como 'muy lamentable' y dijo que la Fiscalía ha puesto en marcha su aparato de investigación para establecer las responsabilidades correspondientes.

'Se nombraban a dos personas y resultaba que en el acta se incorporaban verdades adicionales, que por supuesto no eran verdades, como la de más nombramientos por parte de la sala de dos personas cuando en realidad se referían a cuatro (sic). En los otros casos, el acta reflejaba lo que se había acordado en reuniones, pero luego en las resoluciones se incorporaban nuevos nombramientos', aseguró Esguerra al término de una reunión en la Casa de Nariño en la que se discutió el futuro de la Reforma a la Justicia.

Esguerra agregó a sus explicaciones que: '(?) habiéndose resuelto que se nombraban a las personas A y B, como dijo el Fiscal, en las actas quedaba algo distinto de lo que se resolvió o a la hora de trasladarlo a unas resoluciones aparecían designados A+B+C+D+E. Una serie de episodios sumamente graves y bochornosos'.Los primeros resultados por estas irregularidades podrían conocerse el próximo viernes. Por ahora, la documentación y el material probatorios serán enviados a la Comisión de Acusación de la Cámara de representantes.

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