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Esteban Feria martes, 6 de julio de 2021

En la región de Norte de Santander, un general, seis oficiales, tres suboficiales y un tercero civil serían los responsables por estos hechos

Este martes la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) designó nuevas imputaciones en el esclarecimiento de los hechos presentados en el caso de falsos positivos, llamados por la jurisdicción como ‘asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado’.

En el primer auto de determinación emitido por el tribunal se conocieron a los responsables por los casos de las ejecuciones en el Norte de Santander y el Catatumbo, en el que 11 funcionarios del estado habrían participado. Un general, seis oficiales, tres suboficiales y un tercero civil serían los responsables por estos hechos

La región, que había priorizado la JEP al inicio de este año, registró cerca de 120 asesinatos y 24 desapariciones que ocurrieron en territorios del Catatumbo y aledaños entre los años 2007 y 2008.

"En el caso de la JEP se presenta el agrupamiento de los hechos individuales, que identifica los patrones y modus operandi de esas actividades delictivas para determinar los máximos responsables. Una vez identificado el máximo responsable de estos patrones, este debe ser quien responda por todos los hechos relacionados", comentó Eduardo Cifuentes, magistrado y presidente de la JEP.

Entre los funcionarios acusados e imputados se encuentra el brigadier general Paulino Conrado Gámez, comandante de la Brigada 30, el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería 15 de Ocaña, los coroneles Rubén Darío Castro Gómez y Santiago Herrera Fajardo, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15, entre otros.

Según información aportada por la JEP, se determinó que entre 2002 y 2008 fueron asesinadas 6.402 personas que presentaron como bajas de guerrilleros o abatidos en combate, y en el Norte de Santander se concentra el 82% de las víctimas.

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