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  • Colprensa

viernes, 4 de abril de 2014

Luego de la reunión que sostuvo la canciller María Ángela Holguín con los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, la presidenta de este órgano rechazó la posición del Gobierno colombiano de no acoger las medidas cautelares en favor del destiuido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y afirmó que estas son de obligatorio cumplimiento para los estados.

Tracy Robinson, presidenta de la Cidh, explicó que sin importar el motivo, las medidas cautelares deben acatarse.

Además, advirtió que hasta ahora Gustavo Petro no ha solicitado medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y agregó que rechazaron la posición de Colombia frente al caso porque el argumento de que las medidas cautelares son sólo para cuestiones que implican la vida e integridad del individuo, no es aceptado como válido por la Cidh.

“Hay muchos precedentes en la Cidh sobre medidas cautelares en una amplia gama de derechos, además de la protección a ala vida y la integridad”, señaló Robinson.

Previamente, la Canciller había visitado Washington para “explicar en detalle la posición del Gobierno frente a la reciente solicitud de medidas cautelares que hiciera la Comisión a favor del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro”.

En el encuentro, Holguín reiteró la disposición del Gobierno de seguir atendiendo las inquietudes que surjan en esta materia, “así como el compromiso de Colombia con el Sistema Interamericano”, según señala el comunicado.

Por su parte, el destituido alcalde de Bogotá afirmó durante su visita a la capital vallecaucana que si el Consejo de Estado falla a su favor, retomaría de inmediato la alcaldía de Bogotá.

Se espera que a más tardar la semana entrante la Corporación se pronuncie sobre una acción de nulidad y restablecimiento de derechos, con la que busca anular la decisión de la Procuraduría General de la Nación que lo destituyó e inhabilitó por 15 años.

Demandan la designación de Pardo
Ante el Consejo de Estado fue radicada una demanda de nulidad en contra del decreto que designó al ministro de Trabajo, Rafael Pardo Rueda, como alcalde encargado de Bogotá tras la salida de Gustavo Petro del Palacio de Liévano.

La demanda radicada por el abogado Óscar Conde Ortiz fue presentada en contra del decreto 570 del pasado 20 de marzo y solicita a la Corporación que, como medida cautelar, suspenda el decreto mientras se estudia de fondo la demanda.

El caso quedó en manos de la magistrada de la Sección Quinta, Lucy Jeannete Bermúdez, quien ya pidió pruebas para resolver la petición de medida cautelar.

La demanda asegura que el Presidente de la República incumplió el Decreto 1421 de 1993 que estipula que la persona que se designe en reemplazo del alcalde Mayor de Bogotá debe pertenecer al mismo partido que el mandatario saliente.

En ese sentido, el abogado Conde estima que se debió encarga a un representante del Grupo Significativo de Ciudadanos Progresistas o por la Alianza Verde y que, por tanto, se debe anular el decreto de la designación de Pardo.

La Opinión

María Ángela Holguín
Ministra de relaciones exteriores
“La visita a Washington, Estados Unidos, fue para explicar en detalle la posición del Gobierno frente a la reciente solicitud de medidas cautelares que hiciera la Comisión a favor del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro”.

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