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Ana María Bedoya Jiménez - amabe2010@larepublica.com.co martes, 30 de abril de 2013

Luego de conocer las denuncias contra el magistrado electo de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, el ministro del Interior, Fernando Carrillo aseguró que el Gobierno esperará a que Rojas explique sus presuntas malas conductas para proceder a su posesión.

Dentro de las fueres críticas contra Rojas Ríos están las de la presidenta de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), Gloria María Borrero, quien le pidió al mandatario no posesionarlo ya que está vinculado a un proceso por falsedad en documento público.

Sobre este proceso, y según lo explica el abogado Julio José Orozco, la oficina jurídica de la Presidencia de la República deberá verificar de fondo que el magistrado Rojas Ríos no tenga ningún antecedente judicial.

Aunque se había dicho que la Comisión de Acusación de la Cámara podría investigarlo, Orozco explicó que aunque se posesione hoy, este organismo “solo puede investigar si se llegara a incurrir en conductas penales y disciplinarias pero a partir del día siguiente de la posesión”.

No obstante, el presidente de la Comisión, de Acusación, Constantino Rodríguez, aseguró que esa investigación aún no se ha abierto, pero dijo que en asuntos de este tipo es común que llegue alguna demanda o que se pueda abrir una de oficio.

Precisamente, Isabel Cristina Marín, aseguró haber sido víctima de una estafa y que lo que busca es que le devuelvan el dinero de la indemnización de su esposo. Marín contó que el 02 de enero de 1991 en Funza, Cundinamarca tuvo un accidente de tránsito donde murió su esposo y sus dos hijos quedaron heridos. Dijo que este caso lo tomó Rojas para lograr una indemnización para la familia.

Sin embargo, y según cuenta Marín, el magistrado electo le dijo que la demanda no había prosperado pero “luego me di cuenta que el 6 de octubre de 1995 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca pagó la suma de $116. 834 millones como indemnización de mis derechos como viuda y madre de dos hijos menores de edad”, agregó.

Ante dichas denuncias, Rojas Ríos aseguró a RCN Radio que un grupo de personas desde su elección han deseado desde su renuncia hasta causarle un infarto. Aseguró que todo está fermentado en envidia, calumnia e inconfesables intereses. Así mismo, explicó que el caso tiene más de 22 años y que Marín vendió los derechos litigiosos de su proceso judicial a un tercero y que por su autorización, recibió el monto de dicha indemnización. Aclaró además que el Juzgado 21 Penal del Circuito de Bogotá lo absolvió por las denuncias penales por supuesta estafa y falsedad y que se comprobó la autenticidad de la firma de Isabel Cristina Marín.

Posición del Patido Liberal
Por su parte, el Partido Liberal a través de un comunicado aseguró que respetará la decisión que tome la Presidencia sobre la posesión de Rojas. Expresó que “deberán ser los organismos de control los que califiquen la conducta de Alberto Rojas y acogerá cualquier decisión que se tome al respecto”.

Por su parte, el fiscal Eduardo Montealegre, explicó que una vez las investigaciones hayan prescrito, hacen tránsito como cosa juzgada y por ende no pueden reabrirse. Además, advirtió que cualquier competencia ahora le corresponde a la Comisión de Acusaciones y no a la Fiscalía.

Al respecto, el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos explicó que este es un cuestionamiento de orden moral más que judicial y que es voluntad de Rojas renunciar a la prescripción del caso. “Nosotros vemos que hay serias denuncias y el magistrado debería contestarle no solamente a las presuntas víctimas sino a la ciudadanía porque estamos hablando de un tema de integridad”, concluyó.

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