jueves, 3 de noviembre de 2022
La entidad realizó un Estudio Sectorial para determinar sí existían irregularidades dentro de la gestión de los Activos Especiales
La Contraloría General de la República, en cabeza de Carlos Hernán Rodríguez, a través de un estudio sectorial, reveló que existen riesgos fiscales y de corrupción en el manejo y la gestión de los bienes de extinción de dominio, los cuales son administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Dentro de las investigaciones realizadas por la entidad, se encontraron 581 bienes inmuebles, los cuales su extensión es en metros cuadrados y están avaluados en menos de $1 millón, un valor que no va acorde a las cuentas del ente de control.
Además, la Contraloría resaltó que 1.316 bienes inmuebles, en su valor determinado, están subvalorados desde el punto de vista comercial. La diferencia económica de estos bienes y los del mercado es de $195.484 millones, por lo que el avalúo catastral registrado es mayor.
El estudio, además, encontró que no se tiene claridad sobre el estado físico de 57,5% (16.283) de los bienes inmuebles registrados en el inventario, que son 28.343. Esto hace que no se cumplan las políticas institucionales en materia de asignación de depositarios, generando concentración de bienes.
También se dio a conocer que no se ha gestionado la entrega correspondiente de bienes de las extintas Farc, conforme lo dispuesto en el Decreto 1535 de 2017. Por esto, la Contraloría adelantará auditorías específicas por el cumplimiento de las obligaciones de la SAE y seguimiento permanente del inventario de los bienes de extinción de dominio.
Todo esto se suma a la pesquisa adelantada por la Procuraduría tras una primera inspección disciplinaria a las instalaciones de la SAE en Bogotá. Durante ese procedimiento, el organismo de control evidenció inconsistencias en la cantidad de números y estado de bienes administrados por la entidad y, en línea con lo establecido por la Contraloría, no se tiene claridad en los criterios de distribución, vulnerabilidad en el sistema para el control de inventario y, además, se evidenciaron decenas de incumplimientos en los compromisos suscritos con particulares encargados de la administración de dichos bienes.
Además, el Ministerio Público señaló que no son claros los criterios para la distribución que realiza el sistema a los particulares que se encargan de la administración de los bienes, generando una concentración de los más rentables sin tener auditoría alguna y, además, se determinó no existe un sistema de control y vigilancia.
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