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Judicial

La Corte Constitucional evalúa validez de acuerdo fronterizo con Venezuela

La ponencia exige su aprobación previa por el Congreso y la Procuraduría que pide al tribunal declararse inhibido

14 de julio de 2026

Isabella Rodríguez Ángel


Venezuela dice a la CIJ que carece de jurisdicción en disputa territorial con Guyana
Reuters
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La Sala Plena de la Corte Constitucional se encuentra estudiando la legalidad del Memorando de Entendimiento entre Colombia y Venezuela para la creación de la Zona de Paz, Unión y Desarrollo.

La ponencia del magistrado Carlos Camargo indica que el documento debió tramitarse mediante una ley aprobada por el Congreso de la República y no por medio de una resolución administrativa.

La demanda bajo revisión sostiene que el acuerdo, suscrito por los gobiernos de ambos países, omitió el trámite legislativo correspondiente. Este memorando establece mecanismos de cooperación bilateral en materias de desarrollo de la economía, el comercio, la seguridad, la infraestructura y la integración en la frontera.

El recurso judicial señala que el intercambio de información previsto en el documento podría incidir en la autonomía de las fuerzas militares y en la situación de los habitantes de territorios fronterizos como el Catatumbo, Arauca y La Guajira. Se mencionan además los reportes de organismos internacionales sobre la situación de derechos humanos en el país vecino.

El demandante afirma que el texto equivale a un tratado internacional, por lo cual requería la aprobación del Congreso y el control de la Corte Constitucional antes de su aplicación. Asimismo, la acción judicial cuestiona la ausencia de publicación del documento en la Gaceta Oficial y en los portales de la Cancillería para el conocimiento de la ciudadanía.

La Procuraduría General de la Nación presentó un concepto en el que solicita a la Corte declararse inhibida para decidir sobre el asunto. El organismo argumenta que el memorando posee un carácter político y programático, por lo que carece de efectos vinculantes y de obligaciones jurídicas para las partes firmantes.

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