Adriana Martínez Villegas Martes, 3 de diciembre de 2013

Este pasado fin de semana  se agudizó la discusión en torno al futuro de la minería.  Se destaparon las cartas de quienes están detrás del aparente debate público, que en realidad es, como bien lo califica el exministro Rudolf Hommes, “la cruzada contra la minería” de unos cuantos ambientalistas, que la Revista Semana ha estimado llamar “los guardianes de lo público”.

Como bien lo señaló en su columna del diario “El Tiempo” el Dr. Hommes  “gran parte de la oposición al desarrollo minero empresarial surgió de los ambientalistas, cuyos elementos más radicales y más vocales no aceptan nada distinto a impedir que se desarrollen los proyectos sin tener en cuenta las consecuencias económicas y sociales de ese desenlace, o que si no son las grandes empresas las que explotan esos recursos los van a aprovechar los paramilitares, las bandas criminales y toda suerte de guaqueros al margen de la ley que generan violencia y sobre los que los ambientalistas no tienen capacidad de control”.  Lo cierto es que gracias a esta cruzada,  de estos hoy “personajes nacionales” gracias a la Revista Semana, los recursos mineros quedarán a merced de los depredadores del ambiente y de los recursos mineros. Los ingresos nacionales se verán menguados y continuará la depredación. Pero no solo del ambiente, también debe hablarse de la depredación de los recursos mineros porque aún cuando nadie los considera, como si esos bienes públicos no fueran importantes, cuando la explotación no sigue los estándares de la industria, como sucede con la mayoría de las explotaciones que se hacen al margen de la ley, esos recursos que nos pertenecen a todos, también son afectados de manera irreversible.

Pero no todos los ambientalistas están abiertamente en contra de la minería. La Directora del Instituto Alexander Von Humboldt, Brigitte Baptiste opina en la misma revista que “debemos tomar distancia del oportunismo disfrazado de ambientalismo que chantajea el emprendimiento y corrompe las instituciones: también hay malos políticos verdes” y pide que se promueva la minería responsable en el país diciendo que “para los gremios responsables y las agencias estatales, es un deber ético y práctico hacer las cosas bien, como se atisba en iniciativas de extracción y producción de coque, en ciertas explotaciones auríferas y en algunas regiones”. Eso mismo es lo que el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Minería  y los gremios mineros impulsan en el país: la minería legal y responsable.

Sin embargo, esta “cruzada” de los ambientalistas radicales, en algunos casos ejercida desde un organismo de control, ya logró el malestar en el común de las gentes y la toma de decisiones apresuradas por parte de las autoridades, que están entrando en choque con las economías locales. Los habitantes de la provincia de Soto Norte en Santander, por ejemplo, donde está pendiente un pronunciamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, respecto del páramo de Santurbán, que prohibiría a futuro no solo la minería sino toda actividad económica que no este de acuerdo con la conservación ambiental, exigen al Gobierno Nacional sea respetado su modo de vida. Concretamente dicen que “las comunidades exigen tener en cuenta nuestros derechos fundamentales y conservar nuestro sentido de vida y desarrollo”. 

Como bien lo denuncia el doctor Hommes, habiendo generado una creciente animadversión contra la minería, el siguiente objetivo de este grupo es: la agricultura. Dice el doctor Hommes que “los enemigos del progreso han puesto sus ojos en el sector agropecuario y en el sector industrial para detener el desarrollo en cualquiera de sus manifestaciones.” Los denunciantes de la provincia de Soto Norte, recuerdan que, por ejemplo, el municipio de Berlín es la principal despensa agrícola de Santander y el segundo productor de cebolla junca del país, y que se verá afectado por las restricciones de tipo ambiental que estos “personajes” promueven. 

Esta cruzada, además de manejar datos técnicos equivocados, tales como el consumo de agua en minería, también están introduciendo conceptos erróneos en lo jurídico respecto de la actividad minera. Entre los detractores de la minería hay quienes afirman que “la minería es inconstitucional”. También se dice que si se adopta la delimitación en el mes de diciembre por parte del Mads, del páramo de Santurbán, “estaríamos considerando como ilegales a todos aquellos que en estos momentos desarrollen su actividad dentro del límite”. Cabe preguntarse entonces: ¿cómo una actividad prevista en nuestra Constitución Política en sus artículos 332, 334 y 360 es inconstitucional? o ¿cómo puede ser ilegal una actividad que se adelanta con base en una concesión otorgada por el mismo Estado, con el lleno de todos los requisitos de ley? ¿Llegaremos al escenario absurdo que se nos convenza a los colombianos de que los contratos estatales tiene objeto ilícito y que los funcionarios públicos que los celebran actúan con desviación o abuso del poder? Hay que regresar a la sensatez. El país lo requiere y debe darse un debate con altura y cordura desde lo técnico y lo jurídico, respecto del futuro de la minería. No sobra recordar que todo contrato para explorar y explotar el subsuelo de propiedad nacional se presupone que se celebra con estricto acatamiento nacional a la ley y siempre su objeto, como lo expresa el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 “busca el cumplimiento de los fines estatales”. Ello, porque los contratos mineros, como contratos estatales, no son ajenos a estos principios generales. Por ello, jamás la minería adelantada con una concesión del Estado, podrá ser inconstitucional o ilegal como lo afirman sus detractores.