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José David Castilla Viernes, 11 de enero de 2019

Un juez de la república legalizó el principio de oportunidad que la Fiscalía le extendió a tres directivos de la compañía

El caso de Odebrecht se constituyó como un entramado de corrupción que ha tocado las fibras de la contratación pública en el país. Según un informe de la Fiscalía, los contratos simulados por la multinacional brasileña para pagar coimas ascendieron a $65.000 millones.

Gracias a la actuación de las autoridades, el CTI y la FIscalía pudieron develar una red de corrupción que involucró a Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha, directivos de la multinacional Odebrecht. Desde que inició su proceso penal, los tres ejecutivos decidieron colaborar con la justicia para desentramar una red de corrupción que involucró a varios al senador Otto Bula, al exviceministro de Transporte, Gabriel García, y al exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade.  Sus declaraciones también fueron necesarias para involucrar al presidente de Corficolombiana, José Elías Melo.

Pero los directivos de la empresa trabajaron por conseguir un principio de oportunidad de la Fiscalía. Esto quiere decir que, gracias a su colaboración no serán privados de la libertad; tampoco tendrán antecedentes penales y podrían, eventualmente contratar con el Estado.

Las condiciones que se pusieron sobre la mesa para aceptar el acuerdo se estructuraron en tres puntos: pedir perdón, comprometerse a no cometer delitos y pagar $18.000 millones para reparar a la Nación.

Hoy, ante el Juzgado 30 de Control de Garantías se legalizó el principio de oportunidad. Al finalizar la diligencia judicial, el primero en pedir perdón fue Luiz Antonio Mameri. “Manifiesto mi arrepentimiento por las conductas narradas a las autoridades colombianas en mi condición de colaborador de la justicia. Solicito sentidamente disculpas por ellas corresponden a mi fiel propósito personal de enmienda y con deseo propio de corregir los errores y de reparar los daños que se hayan podido ocasionar”, fueron las palabras del directivo.

Este mismo libreto fue repetido de forma similar por los otros dos directivos de la empresa, quienes realizaron su audiencia desde Brasil. El juzgado encargado de definir el proceso avaló la legalidad del acuerdo, gracias a esto los cerebros empresariales de Odebrecht no pagarán un día de cárcel.

El abogado especialista en derecho penal, Wilson García, resaltó que “el principio de oportunidad es una figura incorporada en el derecho penal acusatorio que se basa en una colaboración efectiva de la justicia por parte de las personas implicadas en ciertos delitos. Si esto sirve para desvertebrar toda una estructura criminal, bienvenida sea”.

Ante las implicaciones, García explicó que “a futuro no existirá una condena que les impida contratar con el Estado, eso ya recae en un componente netamente ético”.

El debate está sobre la mesa, ahora los directivos deberán testificar en el juicio contra Melo. Sus testimonios deberán ser controvertidos en juicio para que las declaraciones funcionen como prueba. Sin embargo, a finales del año pasado, gracias a trabas de la justicia brasileña, no se pudo concretar una diligencia esencial para determinar la responsabilidad penal del presidente de Corficolombiana.

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