miércoles, 27 de junio de 2012

Al comparar los textos, queda claro que los conciliadores aprovecharon la oportunidad que les dio el gobierno y sacaron mayor tajada de la que ya habían logrado en la discusión de esta reforma que nació por iniciativa del Ejecutivo. Lo que al final sucedió se resume en el conocido dicho popular: la ambición rompe el saco.

Pero la otra verdad de apuño es que el texto aprobado en la noche del miércoles a instancias de Simón y de los funcionarios del gobierno, más allá de proponer unos mecanismos de descongestión judicial haciendo uso de herramientas ágiles como involucrar a privados en la solución de conflictos, lejos estaba de parecerse a lo que el gobierno llamó una reforma para modernizar la justicia y más bien, parecía un texto que buscaba otorgar beneficios a diferentes actores del poder público.

Por una parte, a los congresistas implicados en conductas penales y en procesos de pérdida de investidura y por otro, a sus jueces naturales a quienes se otorgó beneficios como ampliación de sus periodos y edad de retiro.

Por supuesto el Ejecutivo lo que obtenía era mayor gobernabilidad a través de compromisos con los honorables legisladores para continuar con la unidad nacional como aplanadora para sacar adelante su agenda en el Congreso. Cualquier parecido con lo que pasó en nuestro país en los anteriores ocho años de gobierno autoritario no es una simple coincidencia. Es de lo mismo.

Muy grave el escenario para nuestra institucionalidad. Una reforma constitucional que en lugar de fortalecer, desvertebra la justicia.

Ya no sólo por el contenido, sino, también, por la forma en que se tuvo que detener, acudiendo a una 'alcaldada' del Presidente de la República, aduciendo la no firma por inconveniente e inconstitucional, es decir, abrogándose la facultad de objeción que sólo está definida para el trámite de leyes ordinarios.

¿Qué diferencia hay entre un país en donde el Congreso investiga y destituye al Presidente en 24 horas sin respetar el derecho a la defensa, con otro cuyos legisladores a través de una comisión de conciliación desconoce lo discutido y aprobado en las instancias pertinentes de una reforma constitucional? Ninguna, es el mismo circo.

Es tal el daño que está haciendo al país este esperpento de reforma que hoy se confunden voces que buscan por vía de referéndum ciudadano dejarla sin efecto, otros van más allá, piden adicionar la revocatoria de los congresistas que votaron a favor, y no faltan los que de manera oportunista y peligrosa plantean como solución una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

El Gobierno Nacional de forma tardía entendió la indignación expresada de manera especial por organizaciones académicas, medios a través de columnistas de opinión, por eso asumió el camino incierto de los malabarismos jurídicos devolviendo el texto Congreso de la República.

Pero para la historia lo que queda es un acto de soberbia del poder ejecutivo insistiendo en una reforma constitucional que al final tuvo que aceptar su inconveniencia.

Error de cálculo sobre el cual hoy es difícil medir sus consecuencias y repercusiones. Ahora bien, a la hora de identificar el mejor camino para solucionar este entuerto, los impulsores de los movimientos ciudadanos deben actuar con cautela. Como ya lo han manifestado de manera pública, algunos huérfanos de poder están al acecho tratando de reinventarse.

Que no termine esta iniciativa convertida en arbolito de navidad, donde además de los que quieren revivir al mesías, resulten otros genios queriendo introducir iniciativas como en consultas populares de reciente data.

Todas estas son las reflexiones sin señalar los costos económicos que este tipo de iniciativas implica.

Ernesto Carrasco

Director Kroll México