Jaime Ardila Barrera Sábado, 30 de junio de 2012

Instaurado como una Política de Estado mediante la Ley 100 de 1993, el Sistema de Salud se inspiró en un modelo diseñado por el Banco Mundial conocido como ‘Pluralismo Estructurado’.

Este sistema se basa en la separación de funciones de financiamiento y prestación de servicios asumidos por el sector privado, así como la regulación a cargo del gobierno, en el que operan unos dispositivos para la regulación entre los agentes.

Este modelo hizo parte de una estrategia, en el que se empezaron a ver los servicios públicos como un campo para explorar y explotar por el mercado, de tal suerte que el aseguramiento y la prestación de los servicios de atención a las enfermedades, fueran incorporados en la lógica del mercado.

Despojados de toda prevención durante la vigencia de la ley, tendrá que aceptarse que ha habido cambios favorables en ese tema, pues hoy existe una incipiente Política de Estado en favor de la salud, elevando su estándar sanitario, y un mayor cubrimiento. Sin embargo, como cualquier producto de mercado, en salud, quien mejor pague mejor mercancía recibe. Es decir, salud para ricos: medicina pre-pagada; salud para trabajadores formales: régimen contributivo y, salud para pobres: régimen subsidiado.

Este modelo entonces permite que las EPS – las vampiras del sistema – no le paguen a tiempo a la Red Hospitalaria Pública por los servicios prestados. Hay un profundo deterioro de la atención, al poner como modelo la Ley 100 cuyo principal factor está en la curación de las enfermedades, veta del negocio, causando daños éticos contra la salud de los pacientes; es tal este evento que la Superintendencia de Industria y Comercio halló que las EPS asociadas a ACEMI unificaron su proceder, para negar a los usuarios del régimen contributivo un conjunto de servicios que hacen parte del POS con cargo a la UPC y recobrarles ante el FOSYGA. Es decir, cobrado dos veces el mismo servicio de salud lo mismo que los medicamentos básicos. Por este tipo de robos se estima una perdida cercana a los 4.5 billones de pesos. Al respecto la Contraloría General de la Republica denunció que 59 EPS estarían involucradas en una red que manipula los costos de medicamentos

No hay otra respuesta que cerrar este tiempo neoliberal a nuestro sistema de salud. Así mismo, se impone recuperar el control estatal del sistema de salud y de reafirmar el deber del Estado como garante de este derecho y no como institución al servicio de los mercaderes de la salud.

El actual gobierno del Presidente Santos, ha recogido estas impresiones y ha prometido poner coto al desbarajuste con eficacia y eficiencia del modelo y lógicamente con severidad. Sin embargo, se tiene la impresión – bien fundada – de que los correctivos no van a tono con la gravedad de la enfermedad; y más aún, que no vaya a pasar lo que sucedió con la reforma de la justicia, donde el remedio fue peor que la enfermedad, pues se pone en peligro la independencia de los poderes públicos, por no atender a tiempo el clamor popular o lo que en algún momento se llamó el 'Estado de Opinión'; como está sucediendo en estos momentos de incertidumbre jurídica donde le dimos un Golpe de Estado a la institucionalidad para tratar de salir avante en medio de una tormenta que dejará una huella imborrable en el Sistema Jurídico Colombiano.