La República
viernes, 22 de septiembre de 2023
La Superintendencia de Industria y Comercio afirma que se presentó una 'cartelización salarial' en la contratación de jugadoras
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En las últimas horas la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió investigación contra la Dimayor y Federación Colombiana de Fútbol por contratos en el fútbol femenino. De acuerdo con el organismo, se presentó una ‘cartelización salarial’ en la contratación de las jugadoras pertenecientes a varios equipos de la Liga Femenina.
La apertura de investigación y formulación de cargos es contra Jorge Enrique Vélez, expresidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo (actual presidente del ente rector del fútbol colombiano), Carlos Alberto Barato, Luis Eduardo Méndez, Diego Fernando Perdomo, Carlos Mario Zuluaga y Óscar Ignacio Martán.
De acuerdo con la Resolución, se lee que: “habría corroborado la hipótesis que sugiere que los agentes del mercado en cuestión habrían desarrollado un sistema tendiente a limitar la libre competencia económica en el mercado de la liga profesional de fútbol femenino en Colombia, desde el 2017 a la actualidad”.
Uno de los aspectos relevantes y en los que está sustentada la apertura de la investigación y la formulación de cargos es que a las jugadoras, sin importar el equipo en el que jueguen, se les paga el salario mínimo, $1'160.000, más el auxilio de transporte, de $140.606.
"Los clubes investigados, con la participación de la FCF y la Dimayor, habrían acordado el valor de los salarios de las jugadoras de fútbol profesional femenino. Para eso habrían fijado una tabla de salarios que clasificaba a cada jugadora en una categoría de la que dependía su remuneración. El objetivo de este presunto acuerdo entre competidores habría sido garantizar que la mayoría de las jugadoras profesionales únicamente recibieran el salario mínimo legal mensual vigente y que, como máximo, tuvieran una remuneración de 4.500.000 pesos mensuales", aseveró la SIC en un comunicado emitido ayer tras la rueda de prensa.
La FCF y la Dimayor, con la anuencia de los clubes investigados, habrían sido renuentes a recibir los recursos que ofrece el Gobierno Nacional para la promoción y el desarrollo del fútbol femenino en Colombia. Los directivos de las instituciones investigadas se habrían negado a recibir o utilizar esos fondos, aunque uno de los principales argumentos que han referido para explicar las condiciones del mercado del fútbol femenino es la falta de patrocinio y presupuesto para el desarrollo de la Liga Profesional. De conformidad con las pruebas recaudadas, la explicación de esa renuencia en realidad habría sido que la recepción y la utilización del dinero público habría implicado que las instituciones quedaran sujetas a la vigilancia y auditoría de los entes de control" agregó la SIC.
Los 29 equipos investigados dentro de este proceso son, entre otros, Millonarios, Santa Fe, América y Deportivo Cali.
Antecedentes
Y es que en marzo de este año, la SIC se llevó los computadores y celulares de los directivos del fútbol colombiano para investigar la asignación de recursos, contratos, pagos y las operaciones que se realizan en las ligas de mujeres y la Selección Colombia femenina.
Entre los involucrados, a los cuales se le cogieron sus dispositivos electrónicos, se encuentran el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún; al de la Difútbol, Álvaro González; al de la Dimayor, Fernando Jaramillo y a otros miembros del Comité Ejecutivo.
El presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, dijo que esto es solo una indagación preliminar. Además, resaltó que, “el tema es sobre la contratación de jugadores y jugadoras. De cómo se hacen y explicar bien cuál es el sistema. De explicar bien los recursos, que es algo que crea la SIC tiene todo el derecho de hacerlo”.
Por otro lado, Jaramillo dejó en claro que, “hay varios clubes que han respondido a esa indagación preliminar y lo debemos tomar como un tema de colaboración con las autoridades. Todos los clubes lo tomaron así, incluyendo la Federación Colombiana de Fútbol y Dimayor”.
La Superintendencia de Industria y Comercio recalcó que no se trata de un incautación de los instrumentos electrónicos, sino que la entidad está en la facultad legal para poder investigar si hay bases para iniciar una investigación en contra de los directivos. “Es un tema que se usa en todas las industrias”, expresó la SIC.
De ser comprobadas las conductas, la SIC podrá imponer multas hasta de 100.000 SMLMV, equivalentes a $116.000 millones por cada infracción; y a las personas naturales que hubieran colaborado, hasta de 2.000 SMLMV, equivalentes a $2.320 millones
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