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Laura Sofía Solórzano C - lsolorzano@larepublica.com.co lunes, 11 de mayo de 2020

Se analiza el caso de 86 funerarias para verificar las condiciones e información que se le ha suministrado a los consumidores

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) adelanta investigaciones en contra de funerarias para determinar si hubo sobrecostos en los servicios a víctimas del covid-19.

Dentro del proceso, la Dirección analiza 86 funerarias con el fin de verificar las condiciones e información que se le ha suministrado a los consumidores sobre modificaciones o restricciones en los costos de la prestación de servicios funerarios y canales de atención.

Dichas actuaciones se adelantan como respuesta a diferentes denuncias recibidas por la autoridad, en las que se comentaban presuntas irregularidades en los servicios de empresas funerarias, y que estarían relacionados con demoras en la prestación del servicio, deficiencia en el manejo de información de las personas fallecidas y sus familiares.

Adicionalmente, las quejas acusaban cobros adicionales dentro de los servicios tomando como excusa la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional como consecuencia de este virus.

La Superindustria decidió requerir a los prestadores de los servicios fúnebres informar sobre los procedimientos de bioseguridad que se han implementado hasta el momento con los casos de contagio. Teniendo en cuenta que de acuerdo con el Ministerio de Salud se deben cumplir con medidas especiales para el transporte y disposición de los cadáveres infectados.

Finalmente, la SIC señaló que se verificará si aduciendo las medidas de seguridad implementadas las entidades han realizado cobros adicionales a los previamente pactados en el marco del Estado de Emergencia Social y Ecológica decretado el 17 de marzo de 2020.

En caso de que se encuentren conductas que violen derechos de los consumidores y se relacione con el suministro de información engañosa o insuficiente, cláusulas abusivas, falta de calidad, idoneidad, seguridad u otra infracción contemplada en el Estatuto del Consumidor las empresas funerarias podrían incurrir en multas de hasta 2.000 smmlv (unos $1.755 millones).

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