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martes, 10 de abril de 2018

La sociedad de activos especiales ha recibido en total $31.211 millones.

La Procuraduría, Contraloría y la Fiscalía alertaron en los últimos días que los recursos destinados para el posconflicto con las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) estarían corriendo riesgo por posibles actos de corrupción orquestados entre funcionarios públicos y actores del sector privado.

“El único lujo que no se puede dar Colombia es que colapse el proceso de paz por mala administración de los recursos a la hora de la puesta en marcha de la Justicia Especial para la Paz (JEP) (...) los informes de la Contraloría que han puesto en entredicho esos recursos para cumplir las obligaciones de la puesta en marcha de los proyectos, la columna vertebral de la consolidación del proceso”, afirmó el procurador general Fernando Carrillo.

Sin embargo, no fueron las entidades de control ni otro miembro del Gobierno quien prendió las alarmas, sino los embajadores de Noruega, Suecia y Suiza, miembros del comité del fondo de Colombia Sostenible, quienes se pronunciaron sobre el manejo que se están dando a los recursos entregados para el posconflicto que ascienden a US$200 millones.

Pero aparte de los recursos internacionales también es importante tener en cuenta el dinero que entreguen las Farc como parte del cumplimiento del acuerdo para el posconflicto, pues según explicó Diego Morales, director de proyectos especiales de la Sociedad de Activos Especiales, dichos recursos no son entregados por la Farc directamente, sino que la SAE ha tenido que montar diferentes operativos con la fuerza pública para recuperar el oro y el dinero que las antiguas insurgencias guardan en caletas.

"Hay que hacer toda una coordinación inter-institucional que permite que nosotros vayamos en dónde están los activos. En la entrega del inventario no es como que las Farc se acercan a las instalaciones y nos hacen la entrega sino que hacemos todo un desarrollo operativo para poder llegar donde están los activos. Por ejemplo, el oro que recibimos en el suroccidente del país tomó una operación de casi tres semanas donde interactúa SAE, coordinado con Ejército Nacional , Policía, Banco de la República y un privado que nos ayuda con el transporte de valor y así nosotros podemos recibir los activos", explicó Morales.

Según cifras de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar los bienes incautados por actividades ilícitas, a la fecha, en un esfuerzo del Gobierno y la SAE, de los bienes de las Farc se han recuperado $31.211 millones, de los cuáles $3.265 millones se han entregado en dinero y los restantes $27.946 millones en más de 255.000 gramos de oro (ver gráfico).

“En cada una de las temáticas contenidas en los acuerdos también hay que prestar atención, pues en todas se corren riesgos de corrupción. Como aún nos queda un escenario de implementación de paz muy grande, necesitamos conocer los planes detallados del Gobierno para prevenir y sancionar hechos de corrupción en todos los ámbitos contenidos en el acuerdo”, explicó Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia.

De la misma forma, el abogado penalista Jaime Granados resaltó que para quienes, por ejemplo, sirven aún como testaferros para ocultar bienes de las Farc se enfrentarían a la justicia ordinaria por no hacerlo en el tiempo acordado, y que la ley contempla penas de hasta 15 años de prisión y multas por 50.000 salarios mínimos mensuales vigentes.

LOS CONTRASTES

  • Jaime GranadosAbogado penalista

    “El testaferrato se comete todos los días porque todos los días hay resultados jurídicos de ocultar los bienes; no declararlos implica que el delito se siguió cometiendo fuera del marco legislativo de la paz”.

“Ese es un delito que se comete todos los días porque todos los días hay resultados jurídicos de ocultar los bienes, en consecuencia no haberlos declarado implica que el delito se siguió cometiendo fuera del marco legislativo”, explicó Granados.

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