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Colprensa viernes, 24 de marzo de 2017

La Misión se centró en tres ejes: la arquitectura institucional, el financiamiento de la política y el sistema electoral. En el primer punto planteó la creación de dos instituciones electores: la primera, dedicada a la administración, y la segunda, de carácter jurisdiccional.

Una de esas instituciones sería el Consejo Electoral Colombiano (CEC), que se encargaría de los procesos pertinentes a la logística, técnica y a la administración de un proceso electoral; administraría el Registro Civil, el padrón electoral y el padrón de militantes; controlaría el financiamiento de la política y estaría presidido por una directiva de cinco miembros que no tendrían origen partidista y serían elegidos por ocho años, con ternas y cooptación, y cumpliría con equilibrio de género.

((Lea: Las cinco críticas a la reforma política que presentó el Gobierno))

La otra sería la Corte Electoral (CE), que se encargaría de toda la jurisdicción electoral, sería autónoma y estaría integrada a la estructura de la Rama del Poder Público y Judicial, resolverá el contencioso electoral, será arbitro de las disputas partidarias, definiría la separación definitiva del cargo, la pérdida de la investidura y pérdida de cargo de los elegidos por voto popular. Y finalmente, estaría compuesta por seis tribunales regionales con tres magistrados de origen no partidista.

Sistema de elección

Sobre el Sistema de Elección plantean que para el Senado se elijan 100 congresistas –actualmente hay 102 con circunscripciones especiales indígenas-, mediante la lista cerrada y bloqueada con el método de representación proporcional.

Además, habla de la “simplificación del sistema para los partidos, los electores y la autoridad electoral, con una significativa reducción de los costos de campaña, asumidos por el partido, más que por los candidatos, y fuerte financiamiento estatal”.

Para la Cámara de Representantes se habla de elegir 200 congresistas a nivel departamental, -actualmente son 166-, “con un sistema mixto y de representación proporcional, que combina la lista plurinominal cerrada y distritos uninominales, diseñados por la autoridad electoral, en base a parámetros establecidos en la ley”.

También se plantea que las candidaturas y los puestos de lista deberán ser definidos por los partidos mediante procesos democráticos internos; que se deberá aumentar la cuota de género; que las elecciones de Asambleas Departamentales y Concejos se harán con lista cerrada; y que se pondrá el voto como deber ciudadano, se hará pedagogía para aumentar la participación e incluso se darán facilidades para el voto como transporte y multiplicación de puestos de votación.

La financiación

La Misión considera que se debe hacer un modelo mixto de financiación de la política, con mayores controles, con mayor transparencia y oportunidades para nuevas organizaciones políticas.

Por ello se plantea un incremento del aporte estatal a los partidos que se distribuiría a partir de criterios  como la equidad (25 %), la presencia en los distintos niveles, la presencia de actores tradicionalmente relegados como jóvenes y mujeres, y la democracia interna.

“Incremento del aporte estatal directo a los partidos, distribuido en dos etapas: 50 % antes del proceso electoral como anticipo (40% en base a resultados precedentes, 10% de manera equitativa) y 50% después de la elección (sobre los resultados)”, proponen.

Se mantendrían  los topes de campañas, habría mecanismos indirectos de financiación pública, como la pauta de medios de comunicación y el transporte público en la jornada electoral.

Estas serían las líneas generales, pero durante la Cumbre de partidos que se realiza en Cartagena esperan escuchar las recomendaciones y opiniones de los diferentes actores que tienen que ver con la reforma que se hará.  

((Lea: Congreso se alista para discutir Estatuto de la Oposición y JEP))

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