Las políticas de desarrollo productivo de cara a las elecciones 2026, según la Cepal

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Colombia se encamina a las elecciones presidenciales de 2026 con un panorama económico que sigue marcado por debilidades estructurales que amenazan su capacidad de crecimiento a largo plazo. Así lo advierte el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, que describe a la región atrapada en un círculo vicioso de baja productividad, escasa diversificación productiva y débil articulación entre Estado, mercado y sociedad.

Las conclusiones del documento no son solo un diagnóstico técnico. Son, sobre todo, una alerta política para un país que, como Colombia, enfrenta el riesgo de perder otra década si no redefine su estrategia de desarrollo.

Según la Cepal, América Latina ha permanecido por mucho tiempo en una “trampa de baja capacidad para crecer”. La región, y Colombia, como parte de ella, no ha logrado construir un tejido productivo sofisticado, capaz de generar empleos de calidad y sostener aumentos de productividad en el tiempo.

El crecimiento sigue dependiendo en buena medida de sectores primarios o de baja complejidad tecnológica, lo que deja a las economías altamente vulnerables a los vaivenes de los precios internacionales y a los ciclos externos. Marco Llinás, director de la división de desarrollo productivo y empresarial de Cepal, afirmó que “América Latina y el Caribe no saldrá de la trampa de baja capacidad para crecer, mientras no aborde el gran reto de productividad”.

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En Colombia, esta dependencia se expresa en una estructura productiva que sigue girando alrededor de la exportación de materias primas y en una industria manufacturera debilitada. El país ha avanzado poco en la creación de sectores de alto valor agregado o en la inserción en cadenas globales de valor con contenido tecnológico relevante.

La Cepal es tajante. El problema no se resolverá con “más mercado” ni con políticas pasivas. La experiencia internacional muestra que los países que lograron transformar sus estructuras productivas, desde Corea del Sur hasta Finlandia, lo hicieron mediante políticas deliberadas de desarrollo productivo, coordinadas desde el Estado y articuladas con el sector privado y la academia.

“Uno de los frentes de mejora clave son las políticas inversión en ciencia, tecnología e innovación. La región está muy por debajo de las inversiones y adaptaciones en esta materia”, añadió Llinás.

En el caso colombiano, la falta de continuidad en las políticas industriales, la fragmentación institucional y la escasa capacidad estatal han limitado el impacto de las iniciativas existentes. De cara a 2026, el debate electoral debería centrarse precisamente en cómo construir políticas productivas activas, sostenidas en el tiempo y blindadas frente a los cambios de gobierno y que se hagan de una manera conjunta, con un pensamiento y objetivo común.

Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, dijo que, “en países con capacidades limitadas, hay que enfocarnos, y eso no pasa. Hay muchos sistemas. No creo que nuestro tejido sea productivo”.

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La Cepal propone avanzar hacia un nuevo pacto social que reconozca que el desarrollo productivo no es tarea exclusiva del Estado ni del sector privado, sino un proyecto colectivo que requiere coordinación, confianza y objetivos compartidos.

De cara a las elecciones de 2026, el país necesita discutir no solo qué sectores impulsar, sino también cómo construir un aparato estatal capaz de implementar políticas complejas y de largo plazo. Daniel Castellanos, investigador y panelista invitado al evento, dio varios consejos para los candidatos presidenciales. “Hay que defender las políticas sociales del país, son muy importantes. Pero no significa estar de guerra con el empresariado”.

El documento plantea que las políticas productivas del futuro deben cumplir con tres condiciones simultáneas: aumentar la productividad, promover la inclusión social y garantizar la sostenibilidad ambiental. El crecimiento económico no puede seguir basándose en sectores que concentran ingresos y generan empleos precarios, ni en modelos extractivos que comprometen el futuro ambiental del país.