martes, 11 de octubre de 2022
La medida, entre otros aspectos, busca otorgar los derechos de la libre información ambiental y la protección de líderes ambientales
En último debate, el Congreso de la República le dio luz verde a el Acuerdo de Escazú
En medio de retiros de la oposición y retrasos en el calendario, el Congreso de la República aprobó ayer el proyecto de ley que ratifica el Acuerdo de Escazú, convirtiendo a Colombia en el país número 14 en ratificar este tratado internacional dentro de un grupo de 24 firmantes en la región.
La discusión de este proyecto ha tenido un camino espinoso en el Congreso de la República, pues desde que Colombia lo firmó en 2019 han sido varios los impedimentos que se han atravesado en el legislativo para que este acuerdo pudiera ser aprobado.
No obstante, tras su aprobación, es importante resaltar los puntos que contiene este acuerdo, entre los cuales destacan la protección de líderes ambientales y otorgar acceso gratuito y público a la información medioambiental, para que las personas conozcan sobre la calidad de los ecosistemas.
En primera medida, este es un tratado regional que tiene como objetivo principal garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
Este acuerdo, si bien fue firmado en 2019 bajo la administración de Iván Duque, no contaba con las funciones jurídicas vinculantes pues no había sido ratificada, escenario que cambió debido a la aprobación de ayer en el Congreso de la República.
Al respecto, en anteriores periodos legislativos (20 de julio de 2020 a 19 de julio de 2021) fue archivado el proyecto de ley que buscó ratificar el tratado. Más adelante, en octubre de 2021, el proyecto fue radicado nuevamente (Proyecto de Ley Senado 251 de 2021) y en abril del mismo año se aprobó en primer debate. El 26 de julio de 2022, fue aprobado en segundo debate.
Entre sus temáticas principales está el acceso, generación y divulgación de la información ambiental; la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales; el acceso a la justicia en asuntos ambientales; la garantía de un ambiente propicio para los defensores de los derechos humanos en temas ambientales; el fortalecimiento de capacidades institucionales; y la cooperación entre las partes del acuerdo.
La ratificación del acuerdo cuenta con un soporte internacional sólido ya que el Marco de la Política Ambiental y Sociedad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha manifestado su apoyo a los derechos de acceso de información y justicia en materia ambiental consagrados en este pacto regional.
Cabe mencionar que el Acuerdo de Escazú busca fortalecer los mecanismos de protección a líderes y defensores del medio ambiente, así como endurecer la justicia en términos ambientales, pues los crímenes en contra de los defensores del medio ambiente en el país van al alza.
Según la ONG Global Witness, que analiza las cifras de los crímenes en contra de líderes ambientales, determinó que de los 200 homicidios ocurridos en 2021 contra defensores del ambiente, 33 sucedieron en Colombia, siendo el segundo país en la lista solo por debajo de México (54).
Tras la aprobación del acuerdo, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, señaló que este se hará realidad a través de cinco acciones a corto plazo: política de manejo de información ambiental, estrategia de acompañamiento a defensores ambientales, ampliación de la participación ciudadana en las decisiones ambientales, apoyo a la creación y el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas y la apertura de sistemas de información sobre conflictividad socioambiental.
"El cambio político trajo un cambio que no se había podido hacer en tres años, y es la ratificación del Acuerdo de Escazú", señaló la titular de la cartera.
De los 24 países firmantes, 14 han ratificado el tratado, incluyendo a Colombia dentro del listado. Las demás naciones que ya superan la mitad de los signatarios son: México, Santa Lucía, Nicaragua, Panamá, Ecuador, Antigua y Barbuda, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Guyana, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay.
Ahora la iniciativa pasará a conciliación de la Cámara y el Senado para su posterior sanción presidencial, y así convertirse en Ley de la República.
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