Las siete empresas involucradas en cartel de la seguridad

Según la información emitida por el superintendente de Industria y Comercio (ad hoc), José Luis Londoño, las compañías sancionadas habían conformado “de facto” un grupo empresarial denominado “Grupo SMG”, por medio del cual se manipularon varios procesos de contratación con diferentes entidades del Estado, por un valor cercano a $70.000 millones entre 2009 y 2012. 

De acuerdo con la SIC, las sociedades involucradas en este cartel son Guardianes, Starcoop C T A, Cobasec, Expertos, Centinel, Insevig Ltda. y Security Management Group, las cuales deberán asumir una multa por $24.617 millones, aunque cabe destacar que solo las tres primeras pagarán 77% de la sanción, que suma alrededor de $20.100 millones. 

Entre las 17 personas que fueron sancionadas, quien tiene el castigo más alto es Moreno Ojeda, pues deberá pagar $553,2 millones, más de la tercera de $1.413 millones que pagarán estos implicados. 

La Superindustria señaló que los otros 16 ejecutivos vinculados son: Martha Marleni Farías, Carlos Rafael Moreno, Victoria Eugenia Cardona, Nicolás Spaggiari Gallo, Polo Ávila Navarrete, Stephan Eissner Espinosa, Sandra Milena Álvarez Espinel, Orlando Barrios Giraldo, Carlos Eduardo Díaz Hernández, Héctor Giovanny López Alarcón, Clara Inés Arciniegas, Neftalí Sáenz Riaño, Jorge Ariel Palacio, Sandra Mercedes Rodríguez, Alexis Camacho y Lili Johana Sánchez, que deberán pagar los otros $859,8 millones.

Para Pablo Márquez, socio de Márquez Barrera Castañeda Consultores, este es un “típico carrusel” en donde los contratos siempre terminan en manos de las mismas empresas, controladas por una persona. 

“Es muy importante la decisión, ya que elimina la tentación que tienen muchas personas de entrar a trabajar con contratos públicos para cometer este tipo de irregularidades”, dijo.

Sin embargo, el también exsuperintendente de Industria explicó que esta podría ser la menor de las sanciones para los involucrados, puesto que es administrativa, entonces “la multa se paga y se acaba el proceso”, pero otra de las alternativas es que, como es una conducta punible, puede tener otro tipo de sanciones, que en el marco penal, podrían dar una pena de hasta 12 años de prisión. 

Este proceso se viene adelantando desde 2011, cuando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) puso en conocimiento de la SIC “la presunta ocurrencia de acuerdos anticompetitivos en el marco de la Licitación Pública LP-001 de 2011”.

Ahí se encontró que Starcoop y Guardianes se presentaron como competidores individuales pero actuaban coordinadamente para que alguna de las dos se quedará con la licitación. 

Desde ese momento, la entidad empezó a investigar y a hacer visitas administrativas de inspección a estas y las demás empresas relacionadas con estas prácticas.

“Esta decisión hace parte de la lucha frontal del Gobierno contra la corrupción”, dijo Londoño, quien aseguró que contra esta decisión procederá recurso de reposición, en el que se pueden determinar algunas causales para que la SIC imponga una sanción menor. 

No obstante, Márquez explicó que este tipo de recursos no suelen tener mucho éxito, por lo que también las empresas sancionadas pueden ir al contencioso administrativo e interponer una acción de nulidad. 

Para Jairo Rubio, exsuperintendente de Industria, cuando se hacen carteles en la contratación pública, es más grave, ya que se está defraudando a todo el pueblo colombiano. 

En el mismo sentido señaló que hay que aplaudir “todas las medidas que se adopten para evitar que exista cartelización, porque esto va en contra de los consumidores, la eficiencia económica y el desarrollo del país”.

Antecedentes

Cabe destacar que entre las entidades públicas que se vieron afectadas por el comportamiento anticompetitivo del Grupo SMG se encuentran la Fiscalía General de la Nación, el Icbf, Coldeportes, la Fuerza Aérea Colombiana, el Sena, Emcali, la Alcaldía de Barranquilla, la Alcaldía de Chiquinquirá, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Secretaría de Integración Social de Bogotá, la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, la Corporación Autónoma Regional de Chivor y la Escuela Nacional del Deporte.

Las opiniones

Pablo Márquez
Socio de Márquez Barrera Castañeda
“La Superintendencia de Industria pone una multa administrativa, que simplemente se paga, pero para las personas naturales ahora les viene el proceso penal, que les podría dar hasta 12 años de prisión”.

Jairo Rubio
Exsuperintendente de Industria
“Aplaudimos todas las medidas que se adopten para evitar que en nuestro país exista cartelización, porque va en contra de los consumidores, la eficiencia económica y el desarrollo económico del país”.