La República
jueves, 21 de julio de 2022
Luis Pérez pidió al Fiscal General una rectificación por injuria y calumnia frente a lo mencionado de Carlos Castaño por los predios de Torrealta
El 19 de julio, el Fiscal General de la Nación hizo aseveraciones para los medios nacionales e internacionales donde trata a Luis Pérez como un "personaje maligno y peligroso" por asegurar que había adquirido tierras en Torrealta junto a personajes paramilitares cuestionados como Carlos Castaño y diez socios mas.
"Le solicito con afecto y respeto rectificar de igual o mejor manera", pidió Pérez.
El exalcade de Medellín se defiende diciendo que compró dichos terrenos de buena fe y con la debida diligencia, como lo pide la ley. En un comunicado de prensa, explicó desde su perspectiva que los compradores realizaron todos los procesos para verificar la procedencia de las tierras, incluida la respectiva consulta a la Fiscalía en la decisión del Fiscal 20 especializado de diciembre de 2006.
Según las declaraciones de Pérez, él fue invitado al negocio por los otros socios y pagó su participación entregando la propiedad donde habitaba que había construido en 1998, antes de ser Alcalde de Medellín cuya pertenencia estaba consignada en la escritura 9161 de diciembre de 2006, notaría 12.
"Jamás he tenido relaciones con ilegales, ni paramilitares ni guerrilleros, ni bandidos. Soy empresario que crea riqueza para el país. Valoro su rectificación. Me dio ganas de llorar cuando lo escuché poniendo mi vida en riesgo y mi honra por el piso. De acuerdo con el artículo 15 de la constitución, y usted líder de la justicia, con respeto, una justa rectificación", dijo Luis Pérez.
Fuera de la consulta a la Fiscalía General de La Nación, entre los procedimientos usados para verificar la procedencia de la compra, según el empresario y político antioqueño que aspiró a la presidencia en el periodo 2022-2026, estaban: un avalúo comercial oficial por especialista de la Lonja; un estudio de títulos hasta 2006; un concepto del Consejo Nacional de Estupefacientes a través de la Resolución Administrativa 763 de 2007 de dicha institución; y el juramento del abogado Guillermo Orrego consignado en la notaría Sexta Medellín en donde se asegura que durante su periodo de propiedad, nadie reclamó ni perturbo la posesión de los predios.
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