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Germán Corcho Tróchez - gcorcho@larepublica.com.co Martes, 17 de diciembre de 2013

Los dos partidos tradicionales del país y los otros dos que mejor se han consolidado desde que surgieron en este siglo, son también los que tienen más integrantes sancionados por el procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado.

El exmagistrado del Consejo de Estado es desde 2009 la cabeza del ministerio público y fue reelegido este año para mantenerse hasta 2017 en el cargo. En su quinto año, no obstante, ya ostenta el récord de ser el que más castigos disciplinarios ha impuesto a funcionarios públicos: no menos de 800 son alcaldes, 23 gobernadores y 22 más entre congresistas y excongresistas.

“Es importante revisar y precisar cuáles son los cargos que la Procuraduría endilga, pues lo normal es que primero se dé la sanción penal y después la disciplinaria”, manifiesta Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE).

Ordóñez ha sido acusado por organizaciones de izquierda y simpatizantes del alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, de expresar su ideología de derecha en sus decisiones para cerrarle el paso a nuevos espacios políticos. Al líder del movimiento Progresistas, precisamente, lo destituyó el lunes de la semana pasada e inhabilitó por 15 años para ejercer funciones públicas por errores en el contrato del aseo de la capital.

Pero a la luz de sus fallos la realidad es otra. De 44 examinados, LR contabilizó que los partidos con más sanciones entre sus filas son el Liberal, con nueve; el desaparecido Convergencia Ciudadana, con cinco; el Conservador y el Partido de La U, con 4 cada uno, y Cambio Radical, tres. Luego vienen varios con dos y uno. “Eso es apenas un pequeño porcentaje, pero sí esperaría que sea esa la tendencia”, dice Moreno.

Las faltas más cometidas por los procesados son la promoción y auspicio de grupos armados ilegales, la posesión de cargos sin cumplir los requisitos, la violación del régimen de inhabilidades, contrataciones irregulares, anomalías en las inversiones aprobadas, desacato de tutelas, manejo inapropiado de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), tráfico de influencias e indebida participación en política.

Su criterio es ‘desmedido’
Al representante a la Cámara por el Polo Democrático, Iván Cepeda Castro, no le sorprende sin embargo que las colectividades de derecha y centro derecha encabecen el número de sanciones de la Procurador. El parlamentario asegura que ello no disimula ni oculta la “clara afinidad política” de Ordóñez.

“Es cierto, ha traicionado a parlamentarios y funcionarios de su misma forma ultraconservadora. Pero hay que examinarlos. Eso se ha presentado una vez que está en firme una sentencia penal, cosa que no sucede con el alcalde Petro”, insiste Cepeda. “Además de que ha absuelto a parapolíticos condenados por la Corte Suprema de Justicia”.

Otro detalle palpable en las providencias es que los dirigentes implicados conforman o hicieron parte de organizaciones nuevas o que ya desaparecieron. Además de Convergencia Ciudadana, aparecen Alas Equipo Colombia, el Movimiento de Inclusión y Oportunidades (MIO), Movimiento de Apertura Liberal, Colombia Democrática.

La Constitución del 91 fue la puerta para la proliferación de colectividades, al punto que antes de la Reforma de 2003 había más de 74 presentes en el Senado y la Cámara. “Tener muchos partidos de garaje fue lo que permitió el ingreso de los paramilitares y narcotráfico al Congreso. Con el umbral del 2% pasamos en 2006 a unos 16 partidos y en 2010 a 10”, recordó Barrios.

Las opiniones

Iván Cepeda Castro
Representante a la Cámara del Polo Democrático

“Esto no es un concurso de quién sanciona más. Hay unos hechos por ver, analizar y juzgar. Ahora, hay que ver qué tanto esas sanciones respetan la Constitución”.

Alejandra Barrios
Directora de la Misión de Observación Electoral (MOE)

“Lo que no se contaba con la reforma de 2003, es que unas organizaciones iban a tener financiación ilegal, o dirigentes que iban a matar y desplazar a ciudadanos”.

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