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Martha Lucía Ramírez Viernes, 2 de agosto de 2013

En días pasados, mediante una consulta popular, los habitantes del municipio de Piedras (Tolima) manifestaron su rechazo a la explotación minera a gran escala en su territorio. Frente a este hecho, gran parte del debate se ha centrado en si dicho mecanismo es suficiente para que el gobierno nacional excluya áreas del país para la explotación de recursos mineros, ya que en este caso la autonomía regional termina chocando con el derecho que tiene el Estado sobre el subsuelo y con la competencia exclusiva de las autoridades mineras y ambientales para definir las zonas en las que no se pueden explotar los recursos no renovables (decreto 934 del 9 de mayo de 2013).

Pero lo realmente importante de este hecho es el mensaje que están enviado los habitantes de Piedras, su preocupación frente a los impactos negativos que continúa teniendo la actividad minera en materia medioambiental, social y económica. Es un reflejo más de la inconformidad que se ha venido manifestando desde muchas regiones y sectores del país respecto a decisiones gubernamentales con las que la población no se siente identificada, y un modelo de desarrollo en el que no se siente incluida. 
 
Es claro que en los últimos años se ha hecho una apuesta importante por el sector minero-energético. Sin embargo, son evidentes los múltiples problemas que ha presentando, por lo que es fundamental revisar y muy seguramente replantear la manera en la que se ha orientado el desarrollo de dicho sector, que sin lugar a dudas debe tener como objetivo primordial el bienestar de la comunidad y la preservación del medio ambiente y los recursos naturales. 
 
Cabe recordar la investigación publicada por la Contraloría General de la Nación este año, que puso en tela de juicio la preparación del país para el desarrollo de una industria minera sostenible ambientalmente, respetuosa de los derechos de las comunidades y que, por lo tanto, estuviera en concordancia con un desarrollo integral. 
 
La investigación destacó los problemas ambientales provenientes de la actividad minera, relacionados con la elevada cantidad de residuos, la contaminación de las aguas y el aire, y el deterioro de la biodiversidad y del suelo. 
 
Además mencionó las falencias existentes en materia de reglamentación y control ambiental, el riesgo en la seguridad alimentaria al dedicar tierras fértiles para la explotación minera, el poco valor agregado del sector, y sobre todo, el impacto social, ya que el estudio muestra la coincidencia existente entre las zonas donde ha ocurrido un elevado número de desplazamientos y violación de derechos humanos, y las áreas de explotación minera con altos niveles de pobreza. 
 
El sector minero está mal encaminado, porque no se están contemplando los costos sociales y ambientales que genera, y para empezar a encarrilarlo necesitamos un Estado que tenga presencia y autoridad en todas las regiones del país, que efectivamente proteja los intereses de la población por encima de los intereses particulares y que, en este caso, utilice sus facultades para autorizar la explotación de los recursos del subsuelo, pero en beneficio de todos los colombianos. 
 
De igual forma, es importante empezar a equilibrar las apuestas entre todos los sectores productivos, especialmente aquellos que generan un alto valor agregado, un elevado número de encadenamientos hacia arriba y hacia abajo, empleos de calidad, y por lo tanto, un mayor nivel de ingresos para los colombianos. 
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