martes, 26 de abril de 2022
A las 9:00 a.m. está programada la audiencia en la que la jueza 28 de conocimiento decidirá si el proceso se cierra o debe ir a juicio
En abril se definirá si se precluye o no la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe
Para mañana en la mañana está prevista la audiencia de preclusión del proceso que cursa contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Es decir, mañana la jueza 28 de conocimiento, Carmen Ortiz, decidirá si cierra el caso contra el exmandatario o, por el contrario, lo envía a juicio. Sin embargo, independientemente de la decisión, se espera que alguna de las partes apele por lo que, en todo caso, el caso no se resolverá de manera definitiva.
¿Qué puede pasar mañana?
Además de la defensa del expresidente, la Fiscalía y la Procuraduría han argumentado que hay que archivar el proceso porque, en su concepto, las pruebas no demuestran que Uribe hubiera participado activamente, o dado la orden, en la búsqueda de testigos falsos contra el senador Iván Cepeda. En cambio, las víctimas sostienen que el exmandatario debe ir a juicio porque los indicios darían cuenta de su participación en el episodio, retomando lo dicho en su momento por la Corte Suprema de Justicia.
Como víctimas, además del senador Cepeda, están el exfiscal Eduardo Montealegre, el exvicefiscal José Fernando Perdomo y Deyanira Gómez, exesposa del paramilitar Juan Guillermo Monsalve.
Como se dijo, la jueza decidirá si acoge los argumentos de la Fiscalía, y cierra el caso, o si acepta los de las víctimas, y envía al expresidente a juicio. Sin embargo, se espera que cualquiera de las partes apele la decisión, por lo que el proceso llegará al Tribunal Superior de Bogotá.
¿Cuáles son los escenarios?
Como la Fiscalía solicitó el cierre del proceso, son dos las opciones que tiene la jueza: aceptarla o negarla. En caso de que avale la preclusión, probablemente una o varias víctimas apelarían y el caso llegaría al Tribunal, que a su turno deberá evaluar los argumentos y tomar la decisión definitiva.
Si los magistrados niegan la solicitud de las víctimas, el caso quedaría cerrado definitivamente, con lo que se terminaría el proceso contra Uribe. Si, en cambio, el Tribunal negara la decisión de cerrar el proceso, el caso volvería a la Fiscalía, que tendría dos salidas: presentar otro escrito de preclusión, con argumentos nuevos, o acusar al expresidente.
Otra posibilidad es que la jueza no acepte la solicitud de la Fiscalía de cerrar el proceso, con lo que el ente acusador tendría dos opciones: presentar un nuevo escrito de preclusión o apelar la decisión ante el Tribunal.
Álvaro Uribe Vélez interviene en la última audiencia de solicitud de preclusión de su caso
Si se presenta un nuevo escrito, y este es avalado por un juez, las víctimas podrían oponerse y se volvería al escenario inicial en el que los magistrados deciden sobre la solicitud de las víctimas. Si el nuevo escrito se negara, la Fiscalía podría apelar la decisión.
En ese caso, los magistrados tendrían dos escenarios: o niegan la apelación del ente acusador, que tendría que presentar un nuevo escrito o llevar al expresidente Uribe a juicio; o la aceptan, con lo que el caso se cerraría.
En todo caso, aunque la decisión de mañana no sea definitiva, será el cierre de uno de los capítulos más importantes de uno de los casos más sonados recientemente.
Antecedentes
La Procuraduría respaldó preclusión del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe
El caso del expresidente Uribe inició cuando la Corte Suprema de Justicia, por una denuncia del exmandatario contra Iván Cepeda, decidió no abrir investigación contra el senador y, en cambio, decidió investigar a Uribe por manipulación de testigos. A mediados de 2018, la Corte lo llamó a indagatoria por fraude procesal y soborno. La investigación de la Corte apuntaba a que el expresidente, a través de terceros, como el abogado Diego Cadena, habría intentado manipular las versiones de varios exparamilitares para que declararan contra el senador Cepeda.
Uno de los puntos más álgidos del proceso fue en 2020, cuando la Sala de Instrucción ordenó la detención del expresidente Uribe, en su finca en Córdoba, El Ubérrimo. Poco tiempo después, en una decisión sin antecedentes, el exmandatario renunció a su curul en el Senado de la República, con lo que perdió su condición de aforado, por lo que la Corte Suprema de Justicia perdió su competencia y el caso pasó a la Fiscalía.
En ese momento, al expresidente le concedieron la libertad, sin embargo, se mantuvo su condición de imputado, con lo que el proceso partió con parte de lo actuado por la Corte Suprema de Justicia y no desde ceros, como pretendía la defensa.
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