Los tres retos de Lina Marcela Escobar Martínez como nueva magistrada de la Corte Constitucional

Ayer se eligió a Lina Marcela Escobar Martínez como nueva magistrada de la Corte Constitucional, en reemplazo de Diana Fajardo Rivera. Estos puestos tienen una duración de ocho años, sin posibilidad de reelección, y los designa el Senado de la República, a partir de ternas enviadas por el Presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Al final de la jornada, la elegida por la plenaria del Senado fue Escobar Martínez, con un total de 82 votos. Ya se había conocido que partidos como el Liberal y la U iban a apoyar su elección.

“Sacar esta votación tan alta es algo totalmente significativo, pues significa representar a partidos muy diversos, intereses y regiones. Le agradezco al Congreso, a la Corte Suprema por haberme nominado y al Senado por haberme elegido”, dijo Escobar luego de su elección.

Los retos de la magistrada

Escobar dijo a LR que como nueva magistrada tiene varios retos significativos y el primero de ellos es trabajar por la defensa de la Constitución, la integridad de los principios y valores, el desarrollo de los derechos constitucionales en sus diferentes dimensiones y seguir construyendo proyectos políticos a través de la guarda de la constitución y la ley.

Cristina Pardo, exmagistrada de esa corporación, afirmó que adicional a eso hay otros retos que tendrá que enfrentar la nueva magistrada. La decana dijo que, aunque hay desafíos generales del cargo, también existen algunos que se intensifican al tratarse de una mujer en una institución clave del sistema judicial colombiano.

“Hay unos retos que son los generales, los mismos que enfrentaría cualquier nuevo magistrado, hombre o mujer. Uno de ellos es la complejidad de integrarse a una Corte con una “jurisprudencia muy consolidada”, en la que “es absolutamente necesario estar consultando esos precedentes” para tomar decisiones correctamente fundamentadas para el bien del país.

También reconoció que la llegada de una mujer al alto tribunal implica un compromiso adicional con el enfoque de género en la administración de justicia.

“La perspectiva de género es como una herramienta teórica, pero también práctica, que implica mirar un problema jurídico con ojos de mujer”, explicó.
Esta mirada, según Pardo, es fundamental para entender fenómenos jurídicos que suelen estar atravesados por dinámicas de discriminación o por la falta de pruebas directas, como ocurre en casos de acoso sexual.
Pardo subrayó que esa perspectiva es cada vez más reconocida incluso por funcionarios hombres, e insistió en que “las mujeres en la rama judicial son importantes porque ven los problemas jurídicos con perspectiva femenina”. Para la magistrada, mantener esta herramienta teórica y práctica será un reto.

La independencia

Respecto a las cualidades esenciales para ejercer el rol de magistrado, Pardo manifestó: “Lo más importante es entender que en la Corte uno viene a tomar decisiones en derecho, no son decisiones políticas”.

También enfatizó en la necesidad de la independencia judicial: “Es difícil de administrar, incluso por quienes han contribuido a que uno llegue a la magistratura, pero es absolutamente importante que las decisiones se tomen en derecho”.

Para la nueva magistrada, entonces, el reto es doble: insertarse en una institución con estructuras jurídicas sólidas y complejas, y al mismo tiempo aportar una mirada con perspectiva de género y compromiso con la independencia judicial. Como concluye Pardo, “la independencia es una virtud personal de juez, y cada uno tiene que aprender a hacerlo”.

Debates futuros

En cuanto a los temas que ocuparán el centro del debate constitucional en los próximos años, la exmagistrada mencionó asuntos como la reforma pensional y el desarrollo de una visión más incluyente sobre la discapacidad.

“Hoy en día hay una manera distinta de mirar eso, hay una convención internacional que mira a las personas más bien como una especie de diversidad funcional”, señaló la exmagistrada.

Otro eje fundamental, según Pardo, será la protección de los llamados sujetos de especial protección constitucional.