Agregue a sus temas de interés

Agregue a sus temas de interés Cerrar

Ana María Bedoya Jiménez - amabe2010@larepublica.com.co martes, 22 de enero de 2013

La atención de los magistrados y congresistas estará mañana en la Corte Constitucional, que discutirá en audiencia pública el gran abismo pensional que existe entre los magistrados, congresistas y los ciudadanos.

La Corte estudiará una demanda ciudadana contra el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 en la cual la pensión de los magistrados se calcula sobre el sueldo más alto del último año.

Para Fabián Hernández, profesor de jurisprudencia de la Universidad del Rosario, la posibilidad de que los magistrados puedan obtener el mejor sueldo del último año como pensión, le pudo abrir las puerta a la corrupción.

Este es el caso de 13 magistrados del Consejo Superior de la Judicatura quienes al parecer, nombraban funcionarios que estaban a punto de pensionarse para triplicar sus mesadas.

La Contraloría General de la República imputó cargos por presunta responsabilidad fiscal en la pérdida de más de $3.000 millones en el llamado ‘carrusel de las pensiones’.

El organismo informó que si encuentran culpables a los funcionarios, se les ordenará pagar la diferencia entre la pensión reconocida y la que lograron obtener irregularmente.

No obstante aclaró que el fallo del proceso se podría conocer en junio después de practicar y estudiar las pruebas presentadas por los magistrados.

Los funcionarios que se podrían ver afectados por esta decisión son: Julia Emma Garzón, Henry Villaraga Oliveros, Martha Patricia Zea Ramos y Temístocles Ortega Narváez y los magistrados auxiliares Cenaida Mejía Báez, Zilath Corrales Pérez, Constanza Margarita Navia de Ayala, Álvaro Rojas Mallorquín, Jaime Roberto Arteaga Caiza, Jesús Herrera Cortés, Jorge Iván Bravo Vélez, Margoth Castellanos Carrillo y Petrona Perafán Ordoñez.

Para Juan Carlos Guataquí, profesor de economía de la Universidad del Rosario, la situación con el ‘carrusel de las pensiones’ es una amenaza muy grave al sistema pensional, “es una forma muy notoria de desigualdad social porque le estamos dando más a los que más tienen”.

Además resaltó su preocupación frente a la ética y la capacidad de regulación del sector judicial.

Es así como la demanda que busca analizar la Corte Constitucional va dirigida contra las pensiones más altas del país, que benefician a congresistas y magistrados. El denunciante advirtió que las mesadas violan el tope legal impuesto hace seis años por la Constitución, es decir, 25 salarios mínimos.

Al respecto, Hernández aseguró que es muy probable que al declararse impedidos los magistrados, el caso lo lleven los conjueces que definirían la situación.

“El tema es que la Corte está afectada porque son jueces y parte ya que eventualmente se van a pensionar con el sistema especial. Es probable que muchos de los magistrados se declararen impedidos y el caso sea enviado a los conjueces quienes serán los que tomen la decisión”, agregó.

Por su parte, el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, calificó como un acto de discriminación que la Corte Constitucional no los haya dejado participar durante la audiencia pública en la que se definirá el monto de las pensiones para los congresistas.

“Nosotros pedimos a la Corte un espacio para hablar en esa audiencia y se nos ha respondido que no se estima pertinente la participación de esta jurisdicción, sin embargo, nos preocupa mucho que en esa audiencia van a tener asiento los demandantes, los que se oponen a la demanda, organizaciones de trabajadores , de pensionados, de sindicalistas, el Congreso de la República y todos los poderes del Estado menos el poder judicial” indicó el magistrado.

En ese sentido, Gómez explicó que “esta jurisdicción tiene mucho que opinar frente a la manera como se han venido reconociendo derechos pensionales que se llaman derechos adquiridos protegidos por las convenciones internacionales y por la constitución”.

Diferencias abismales
Ha sido amplia la polémica por las exageradas pensiones que reciben los magistrados y congresistas, sumado a ello, se encuentra el conflicto pensional por ‘fugaces’ nombramientos del Consejo Superior.

Vale la pena aclarar que mientras un ciudadano tiene que cotizar mínimo 1.300 semanas, llegar al límite de edad y pensionarse con el 65% del salario promedio de 10 años, los magistrados lo pueden hacer con el promedio del último año.

“Para que una persona se pueda pensionar tiene que tener por lo menos 1.300 semanas cotizadas y cumplir la edad que en 2014 quedará para mujeres en 57 años y para hombres en 62. En cuanto al salario, la pensión equivale al 65% del ingreso base de cotización promedio de los últimos 10 años”, explicó Andrés Uribe, abogado de CPT Consulting.

Además agregó que por cada 50 semanas que se coticen adicionales, el porcentaje aumenta hasta máximo 85%. “También las personas pueden pensionarse anticipadamente, sin embargo para eso prácticamente necesitaría ganarse el Baloto”, aclaró.

De otro lado, Hernández explicó que el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 estableció que para los magistrados, la pensión se calcularía sobre el mejor sueldo del último año. “El resultado fue que a todos los colombianos en régimen de transición se le están aplicando a 10 años pero el de los trabajadores de la Rama supera la Constitución”, aclaró.

Grandes pensiones
Un documento publicado por Caracol Radio, muestra que 93 exmagistrados de las altas cortes, exfiscales y exprocuradores superan el tope legal de 25 salarios mínimos, es decir más de $15 millones.

El listado lo encabeza el expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, Guillermo Bueno Miranda quien recibe cada mes una mesada de jubilación de $19’096.560, que equivalen a 33 salarios mínimos legales vigentes.

Además se encuentran la exfiscal delegada ante la Corte Suprema, Martha Luz Hurtado Arango, con $18.754.936; Edgardo Villamil Portilla, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia con $18.112.403 (31 smlv), y Gustavo Eduardo Aponte Santos, expresidente del Consejo de Estado con $18.101.828 (31 smlv).

En el rango de los $17 millones, es decir 31 salarios mínimos legales están los exmagistrados del Consejo de Estado, Rafael Enrique Ostau de la Font Pianeta ($17.792.875); Germán Antonio Buitrago Forero ($17.757.257); y Héctor Januario Romero Díaz ($17.757.257).

En el orden de los 30 salarios mínimos legales están Eduardo Adolfo López Villegas ($17.355.000) exmagistrado de la Corte Suprema y Patricia Elizabeth Murcia Páez ($17.228.405) exprocuradora Delegada para Derechos Humanos.

El exprocurador y exmagistrado, Edgardo José Maya Villazón, recibe de pensión $17.017.220, equivalente a 30 salarios mínimo legales vigentes.

Los exmagistrados del Consejo de Estado, Luis Fernando Álvarez Jaramillo y Ligia López Díaz reciben una mesada superior a los 29 salarios mínimos, que supera los $16.790.000.

Al igual que el exmagistrado de la Corte Constitucional y exvicefiscal General, Jaime Darío Córdoba Triviño, cuya pensión es de $16.342.298 (28 smlv).

Fabián Hernández
Profesor de Jurisprudencia Universidad del Rosario
La Ley 797 de 2003 trae un procedimiento especial para dar de baja las pensiones reconocidas con fraude. Son posibilidades que trae la norma para que un acto administrativo se caiga, en ella, las entidades revisan la pensión y le pueden dar de baja, reemplazarla u ordenar pagar el excedente entre lo que se debería ganar y lo que está recibiendo.

Las opiniones

Andrés Uribe
Abogado CPT consulting
Para que una persona se pueda pensionar tiene que tener por lo menos 1.300 semanas cotizadas y cumplir la edad requerida, la cual en 2014 quedará para mujeres en 57 años y para los hombres en 62 años. En cuanto al salario, la pensión equivale al 65% del ingreso base de cotización sobre el promedio de los últimos 10 años.

Juan Carlos Guataquí
Profesor de economía universidad del rosario

El detrimento en las pensiones por parte de los magistrados es una amenaza muy grave a la sostenibilidad fiscal del sistema pensional. Además, es una forma muy notoria de desigualdad social porque el Estado le está dando más a los que más tienen. Me preocupa la ética y la capacidad de regulación del sector judicial.

Gustavo Gómez
Presidente consejo de estado

Esta jurisdicción tiene mucho que opinar frente a la manera como se han venido reconociendo derechos pensionales que se llaman derechos adquiridos protegidos por las convenciones internacionales y por la constitución. Nosotros pedimos a la Corte un espacio para hablar en esa audiencia y se nos has respondido que no se estima pertinente nuestra participación.

LA REPÚBLICA +

Registrándose puede personalizar sus contenidos, administrar sus temas de interés, programar sus notificaciones y acceder a la portada en la versión digital.