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Manuel García - megarcia@larepublica.com.co miércoles, 10 de abril de 2013

A menos de cinco horas de que la plenaria del Senado votara para la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional; el abogado Alberto Rojas, se abría paso como el principal opcionado a ganar ese cargo.

La plenaria estaba citada para escoger de una terna compuesta por Alberto Rojas, Marta Lucía Zamora y Alejandro Linares, para elegir el reemplazo de Humberto Sierra Porto, quien terminó su período en agosto del año pasado.

Los partidos Conservador y de la U le ratificaron su respaldo Rojas en la mañana de ayer, los cuales descartaron que el jurista tenga algún impedimento para ocupar la magistratura.

Al medio día de ayer, el Partido Liberal también se reunió con su bancada, para dar su apoyo al mencionado jurista. Sin embargo, a diferencia de los conservadores y la U informaron que no revelarían a quién apoyarían.

El escándalo
En este tema el portal La Silla Vacía, publicó un artículo en el que informa que Rojas entre los años 2010 y 2011 realizó una serie de asesorías por $567 millones, de los cuales solo declaró $68 millones ante la Dian, pero también que la empresa a la que hizo su labor profesional pertenecía a un amigo cercano al jefe paramilitar, hoy encarcelado en Estados Unidos, Salvatore Mancuso.

El nuevo magistrado de la Corte Constitucional, tiene grandes retos por afrontar en su periodo como parte de la institución. El principal de ellos será estudiar la constitucionalidad del marco jurídico para la paz, con el cual el Congreso permitió el uso de mecanismos de justicia transicional en Colombia, y con el que se busca la terminación del conflicto armado interno.

Con respecto a la iniciativa, el procurador General, Alejandro Ordóñez, expresó su oposición a algunos de los apartes del proyecto, y le pidió a la Corte Constitucional que los declare inexequibles. La decisión de la Corte en cuanto a la constitucionalidad de este proyecto podría llegar a ser fundamental para el éxito del proceso de paz que el Gobierno adelanta con las Farc en La Habana. Por esa razón, es este es el principal reto que tendrá que afrontar el nuevo magistrado de la Corte.

Además, otro de los temas polémicos que tendrá que enfrentar el nuevo magistrado y que tendrá toda la atención de la ciudadanía, será el de las altas pensiones que cobran los magistrados y los congresistas, asunto que ha quedado en el tintero desde enero.

En esta cuestión, según un documento del año 2011 del Ministerio de Hacienda, las decisiones judiciales que han extendido el régimen de transición han generado a las pensiones un valor adicional de entre $11 billones y $20 billones, nada mas contando las de la Rama Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría. El gran costo para el sistema pensional, sumado a la defensa de estas pensiones que han hecho miembros de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, hace fundamental un concepto del tribunal constitucional al respecto.

Adicionalmente, el nuevo magistrado de la Corte deberá tratar el asunto del matrimonio entre parejas del mismo sexo, tema sobre el que ya hay fallos que hablan de derechos patrimoniales, pero que deberá ser resuelto por el Congreso, y que una vez salga la ley, la Corte deberá indicar su constitucionalidad. El debate comenzará el próximo 17 de abril en la Plenaria del Senado de la República. Por si fuera poco, la Corte Constitucional también deberá ocuparse del estudio del fuero penal militar, iniciativa defendida a capa y espada por el Gobierno, y las reformas a las pensiones y a la salud que saldrían en esta legislatura.

Para la directora de la Corporación Excelencia a la Justicia, Gloria María Borrero, la elección del nuevo magistrado del Corte Constitucional “ fue una elección extraña, fue opaca. Elección visible pidió que la audiencia fuera pública y televisada, no sólo para que los senadores tuvieran un concepto de los ternados, si no para que los ciudadanos pudieran enterarse de quiénes eran los aspirantes a magistrados”.

Además, con respecto al hecho de que uno de los aspirantes a magistrado no respondió un cuestionario elaborado por la entidad, Borrero dijo “que era una completa displicencia hacia la sociedad civil”.

Perfiles
Alberto Rojas Ríos es abogado de la Universidad Externado de Colombia, tiene estudios especializados en Derecho Procesal, Derecho Administrativo y Derecho Constitucional.

Es miembro de los Institutos Colombiano e Iberoamericano de Derecho Procesal, además de miembro correspondiente electo de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y conjuez de la Corte Constitucional. También ha sido Procurador y Viceprocurador General de la Nación (e) y Procurador Delegado para Asuntos Civiles. Tiene una trayectoria de más de 22 años como docente y conferencista en la asignatura de derecho procesal civil en el Externado y el Rosario.

Martha Lucía Zamora
Es abogada de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con una maestría en Ciencias Penales y Criminológicas y especialización en Derecho Penal de la misma Universidad. Es Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y Coordinadora de la Unidad y docente de la Universidad Sergio Arboleda. De 2001 a 2009 ejerció como Procuradora Delegada para la Casación Penal.

Alejandro linares
Es abogado de la Universidad de los Andes, con maestría en finanzas de la misma institución. Tiene un máster en Derecho de la Universidad de Harvard. Actualmente, se desempeña como Director del área de fusiones y adquisiciones de la firma de abogados Gómez-Pinzón Zuleta. Fue asesor de la Presidencia de la República en temas de política social.

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