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Cristian Acosta Argote - cacosta@larepublica.com.co jueves, 25 de marzo de 2021

La Procuraduría afirmó que el proyecto fortalecerá las garantías constitucionales para el juzgamiento de servidores públicos

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, radicó hoy ante el Congreso de la República el proyecto de ley que busca reformar el Código General Disciplinario, lo cual busca fortalecer los expedientes disciplinarios de los servidores públicos elegidos popularmente.

Cabello tomó como referencia para el proyecto el caso de Gustavo Petro cuando fue destituido e inhabilitado cuando desarrollaba su administración como alcalde de Bogotá; la funcionaria se acogió a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia 8 de julio de 2020 y condenó al Estado Colombiano por lo ocurrido a Petro.

#RadicaciónDeProyectos | Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, radicó ante el Congreso de la República, proyecto de ley que pretende reformar el Código General Disciplinario y adecuar su normatividad a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. pic.twitter.com/TekmMMeNWq

— Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) March 25, 2021

La iniciativa legislativa está resumida en tres puntos que serán mostrados a continuación:

Facultades jurisdiccionales

La Procuraduría propuso al Congreso de la República que las funciones jurisdiccionales en el área disciplinaria le sean ampliadas con el objetivo de poder actuar como jueces cuando haya sanciones de destitución o inhabilidad.

División en las fases investigativas

La Procuraduría afirmó que quiere garantizar que la etapas de investigación y juzgamiento dentro de los procesos sean atendidas por diferentes funcionarios para evitar una misma persona en el descargo y el juzgamiento.

Doble instancia

Con este punto se busca la creación de la sala de juzgamiento para garantizar todos los procesos, la doble instancia y la configuración más apta de los principios y las categorías disciplinarias

“El presente proyecto en consecuencia fortalece y profundiza las garantías constitucionales ya existentes para los disciplinados, propugnando por la autonomía e independencia de los servidores públicos que tendrán a cargo en lo sucesivo los procesos disciplinarios, cumpliendo así con los estándares internacionales, contenidos en la decisión proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, afirmó Cabello.

Es importante recordar que a la fecha se llevan a cabo 12.142 actuaciones disciplinarias contra funcionarios de elección popular, entre las cuales hay poco más de 8.000 alcaldes,;3.000 concejales; 644 gobernadores; 163 diputados; 38 ediles; 30 representantes a la Cámara; y 21 senadores

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