Nación deberá pagar $2.000 millones por desaparecidos

El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional a pagar más de $2.000 millones por la desaparición de siete hombres en la vía que va de Puerto Berrío, a San Roque, Antioquia, el 14 de agosto de 1996, cuando se desplazaban en vehículo particular.

Según investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, los ciudadanos fueron abordados por un grupo de vigilancia privada denominado Convivir Guacamayas, que también actuaba como grupo paramilitar y de limpieza social en varios municipios de Antioquia, sin que hasta el día de hoy se conozca qué pasó con estas personas.

Informes elaborados por el ente investigativo señalan que dicha convivir atentaba contra los habitantes que “generaban sospechas” de pertenecer a las guerrillas o de ser informantes de las mismas, lo cual llevó a que se cometieran muchos crímenes.

El Ejército Nacional respondió la demanda instaurada por los familiares de cada una de las víctimas argumentando que en este caso la responsabilidad fue del grupo armado ilegal y que en los hechos no intervinieron actores de la fuerza pública.

La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Enrique Gil Botero, encontró que hubo una omisión por parte del Ejército al no evitar la desaparición de los siete hombres, teniendo en cuenta que la situación que se vivía en la zona obligaba a las autoridades a adoptar medidas para proteger a la población del accionar de grupos ilegales.

“En estos eventos la responsabilidad del Estado se ve comprometida de forma especial y particular, toda vez que, precisamente, la administración pública -y especialmente el departamento de Antioquia- fomentó la creación y constitución de grupos armados denominados “convivir”, cuya finalidad era dotar de aparente legalidad y legitimidad a un fenómeno de paramilitarismo cuyo objetivo era exterminar los grupos subversivos”, señala el fallo.

De acuerdo con la Corporación, las autoridades tampoco cumplieron con sus funciones legales de capturar a los autores del secuestro, establecer las razones de lo ocurrido y determinar qué pasó con estas personas.

“En un Estado que se dice Social de Derecho el manejo de las armas y de la defensa de la soberanía sólo está a cargo de las Fuerza Pública; fue precisamente esa comportamiento permisivo de la administración pública lo que permitió que se cometieran y perpetuaran actos execrables que atentaron contra los bienes e intereses jurídicos más esenciales de la población, en una punible y reprochable connivencia entre las autoridades públicas y los grupos armados ilegales”, puntualiza la sentencia.

El fallo le ordena a la Nación investigar los hechos que generaron las violaciones, e identificar y sancionar a los responsables. Además, se debe desplegar una búsqueda exhaustiva y seria de los restos mortales de las víctimas.

Finalmente, el Ejército Nacional deberá instalar una placa en la plaza central del municipio de San Roque, Antioquia, en memoria de los desaparecidos, como acto reivindicatorio de la dignidad de las víctimas y sus familiares.