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José David Castilla Lunes, 15 de abril de 2019

Advierten incertidumbre en ley laboral sobre los independientes

La firma López & Asociados es uno de los referentes de las firmas especialistas en derecho laboral en el país. Desde 2012, el bufete ha ocupado la banda número uno de la publicación internacional Chambers and Partners en este campo.

Su director, Juan Pablo López, es un referente en el campo de derecho laboral y se ha encargado de revisar y debatir sobre las diferentes coyunturas del trabajo que se presentan en la actualidad. AL lo consultó sobre las realidades que han traído las innovaciones tecnológicas promovidas por distintas aplicaciones.

¿Las normas laborales se han quedado cortas frente a realidades como las de Rappi o Uber?

Nuestras normas no están adecuadas a la tecnología, porque esta cambió el modelo de trabajo. Ahora, no solo aquí, en todos los países del mundo tenemos la misma dinámica de incertidumbre. Lo primero que se debe decir es que este es uno de los temas que se están debatiendo de una forma muy compleja por parte de la Organización Internacional del Trabajo.

En este debate conceptual hay, básicamente, dos vertientes. Una primera vertiente, que ha reiterado la OIT, es la de la importancia de mantener la estructura legal de lo laboral, como una regla común en la prestación de los servicios, y es la tesis que viene planteando la OIT de forma reiterada. Mientras que hay una segunda visión mucho más amplia, presionada por fenómenos como Uber, Amazon o Rappi, donde se plantea que la estructura empieza a no ser lo suficientemente adecuada para la llamada economía colaborativa; bajo esa concepción ese modelo debería ser mucho más amplio, llegando a traspasar la línea y planteándose cuáles deberían ser unas garantías mínimas en temas de protección social para sus partícipes.

Entonces ¿podríamos estar en un dilema entre economía y derechos laborales?

De una manera más conveniente, podría decirse que hay una tensión en la que se promulgaría que la decisión que, tal vez pueda ser la más adecuada, es que no exista un contrato laboral pero donde se garantice la Seguridad Social, porque a la larga, lo último que estamos haciendo es generando un escenario de desigualdad social, que a nivel internacional, comienza a tener repercusiones internacionales.

¿Este debate podría parecerse al de los derechos de los trabajadores independientes?

Cuando uno mira el mercado laboral nacional ve que existen dos componentes grandes: el denominado mercado laboral formal y el informal. El primero está asociado a las personas que tienen un contrato de trabajo, independientemente de las empresas que lo vinculen. El problema es el mercado de la informalidad, el cual llega a 45%. La complicación realmente es un tema metodológico sobre el estudio de esta población laboral, porque estamos introduciendo poblaciones muy dispares como los independientes en términos laborales. Si empezaran a calificar este mundo de los independientes por ingreso es muy seguro que hay una brecha de desigualdad muy marcada en este campo, donde tenemos profesionales que reciben ingresos muy superiores al salario mínimo, otros que están sobre la línea y una población que recibe unos ingresos inferiores a lo que estipula la ley.

¿Entonces las normas laborales están dejando desprotegida a una parte de la población?

Lastimosamente, el modelo laboral que tenemos no cubre esta realidad. Entonces es como si estuviéramos diciendo que para 14 millones de personas no tenemos las reglas de juego laborales claras. Esto nos lleva a generar presiones en todo el sistema de Seguridad Social, porque empiezan a ver que este sistema no es lo suficientemente abierto para que ellos puedan acceder.

Tampoco hay claridad en los modelos de contratación, ni en los modelos tributarios que existen en el país.

¿Qué impacto podría tener esto en nuestro sistema pensional?

Claro esta desprotección y esta ausencia de una claridad sobre esta población independiente puede llegar a contribuir en la crisis pensional del país. Fundamentalmente considero que el modelo pensional en Colombia se ve afectado por dos cosas: la ausencia de un modelo que le permita a la población laboral excluida ingresar al sistema; lo segundo es que los regímenes especiales de pensión están desequilibrando al Sistema. Estos factores que expuse están generando una iniquidad en el Sistema que lo está convirtiendo en insostenible. Este es un debate que tiene impactos sobre los modelos de inversión y de discusiones financieras de otro nivel.

¿El país debería dejar de tener dos sistemas pensionales de índole distinta?

Al tener dos estructuras pensionales, se crearon unas reglas de competitividad que no son correctas. Pero cuando hablo de dos modelos no me refiero a la naturaleza del fondo (pública o privada) sino que existen dos modelos distintos de reconocimiento prestacional que generan esos factores de iniquidad que están afectando al sistema. Entonces, cuando las reglas de juego son distintas para un grupo de personas que se encuentran en la misma realidad laboral, se generan unas condiciones que hacen, en mi opinión, inmanejable el sistema. La propia ley está generando unos sistemas de financiación pensional que son netamente inequitativos.

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