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  • Mauricio Ángel Díaz

jueves, 16 de junio de 2016

En pocas palabras, se va a crear un impuesto ad valórem, en donde se pagará un impuesto de $220 por la graduación alcohólica aplicable a todas las bebidas; un impuesto de 25% sobre el valor final del producto; y un IVA de 5% sobre el precio de venta. 

La Corte Constitucional ha sostenido que el legislador goza de una amplia libertad en materia impositiva, de acuerdo con lo establecido por la mismísima Constitución Política, en donde es este el llamado a determinar los sujetos pasivos de los impuestos, tasas y contribuciones del orden nacional, lo cual lleva consigo la potestad exclusiva de indicar quiénes deben pagar los tributos y en qué forma.

La propuesta de mayor equidad parece acertada, pues se busca obtener $1,7 billones para los departamentos por concepto del reajuste de los impuestos a las bebidas alcohólicas. Sin embargo, se ha omitido que uno de los principales inconvenientes que tiene la producción de licores es el contrabando, que ronda alrededor de los 1,5 billones y que afecta negativamente estas rentas departamentales.

El monopolio ha generado grandes barreras de entrada que frenan la comercialización de rones y aguardientes, aun cuando con la iniciativa presentada se busca proteger el aguardiente como bebida nacional. Basta con mirar el caso de Cundinamarca, donde 79% del aguardiente que se consume corresponde a la Empresa de Licores de Cundinamarca (ELC); y, por ende, los niveles de competitividad distan mucho de generar una verdadera equidad.

Esta iniciativa legislativa puede resultar en la modificación del mercado de bebidas alcohólicas e incluso en la forma en que Colombia deberá cumplir sus compromisos internacionales derivados de la suscripción de tratados de libre comercio con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. No obstante, hay una oposición inicial de las licoreras departamentales, que prefieren mantener el monopolio bajo la regulación que rige hace más de veinte años. 

El artículo 336 de la Constitución Política establece que los monopolios rentísticos deben perseguir una finalidad de interés público, que para el caso de los licores destilados estarán destinados a los sectores de salud y educación. 

Ahora, no es posible hablar de una misma situación de hecho entre las licoreras oficiales y las privadas; sin embargo, la probada ineficiencia de las primeras, y desde una óptica del mercado razonable, nos hace pensar que estamos perdiendo competitividad en la industria.

Los anuncios del Ministro Cárdenas parecen un vaticinio que se queda en la creación de mayor equidad a través de tributos que buscan cubrir el déficit fiscal del país, sin mirar el panorama de una manera integral. Lo anterior sin tener en cuenta que el problema estructural del sector de licores destilados es el contrabando, producto de una regulación obsoleta que le resta competitividad al país. 

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