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Carlos Parra Dussan Jueves, 19 de diciembre de 2013

El Estado colombiano aprobó el Documento Conpes 166 de 2013 del Consejo Nacional de Política Económica y Social,  que rediseña la política actual de discapacidad, trascendiendo las políticas de asistencia o protección, hacia políticas de desarrollo humano con un enfoque de derechos. 

Esta nueva política de discapacidad, incluye el acceso a bienes y servicios con criterios de pertinencia, calidad y disponibilidad; procesos de elección colectiva, la garantía plena de los derechos de los ciudadanos y la eliminación de prácticas que conlleven a la marginación y segregación de cualquier tipo. 

Este proceso permite acceder a espacios sociales, culturales, políticos y económicos en igualdad de oportunidades, así la política genera un acceso creciente y progresivo del desarrollo humano, a la seguridad humana y al ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad, bajo un enfoque diferencial, que consolida una perspectiva hacia la inclusión social en Colombia. 

El objetivo central del Conpes 166 de 2013, es “Garantizar el goce pleno, y en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las PcD, a través del fortalecimiento de la implementación de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social”. 

El Documento Conpes 166, con un proceso participativo determinó las siguientes cinco estrategias, así como las acciones asociadas a cada una de ellas para la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social: estrategia para la transformación de lo público, garantía jurídica, participación en la vida política y pública, estrategia para el desarrollo de la capacidad y la estrategia para el reconocimiento de la diversidad.

Esta nueva política, considera que el primer paso para la inclusión efectiva de la población con discapacidad, es reconocerles su titularidad de derechos, que obligan al Estado a garantizar su ejercicio, cambiando la lógica de los procesos de elaboración de políticas, para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derecho a exigir prestaciones y conductas en un marco de deberes y de corresponsabilidad. 

Este cambio era necesario, pues el último referente de política pública de discapacidad, fue el Documento Conpes 80 de 2004, como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2002 – 2006, “hacia un Estado Comunitario”, que se desarrollaba bajo un marco de protección y manejo social del riesgo, estableciendo estrategias para la prevención del riesgo, mitigación y superación de la discapacidad. 

El nuevo hecho trascendental, es el actual Plan Nacional de Desarrollo, “Prosperidad para Todos”, Ley 1450 de 2011, que en su artículo 176 ordena diseñar  la política pública de discapacidad, para garantizar su inclusión social.

También forzaba al cambio, el bloque de constitucionalidad, con los avances del derecho internacional en discapacidad, como la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, Ley 762 de 2002 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, Ley 1346 de 2009. 

Este marco jurídico internacional, ha venido generando un amplio desarrollo legal y jurisprudencial sobre la obligatoriedad del Estado de reconocer y aplicar estos derechos, como la Ley 1145 de 2007 Sistema Nacional de Discapacidad y la nueva Ley estatutaria de discapacidad 1618 de 2013. 

El Documento Conpes 166 de 2013, adopta el modelo social de discapacidad, que centra las barreras de la discapacidad en la sociedad y no en el individuo. Así, la discapacidad no es un atributo de la persona, sino un complejo conjunto de condiciones creadas por el entorno. En tal sentido, plantea que las actuaciones se deben dar bajo un enfoque social, y estar dirigidas a modificar el entorno para garantizar la participación de las personas con discapacidad en la vida social. 

En conclusión, la nueva política pública de discapacidad, Conpes 166 de 2013, trasciende y se articula a un modelo político activista que centra sus actuaciones en lo político y social, reconociendo el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, dando inicio a la organización de grupos sociales en favor de esta población. 

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