jueves, 21 de marzo de 2019
Corte Constitucional anunció que esperará la decisión del Congreso sobre la norma.
El debate sobre las objeciones del presidente a la ley estatutaria que reglamentaría a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha generado divisiones en todos los sectores políticos y jurídicos.
Ayer, en horas de la tarde, la Corte Constitucional no tomó una decisión de fondo sobre las objeciones y esperará que el Congreso estudie el tema.
La declaración se dio después de que el máximo órgano constitucional estudiara un documento que presentó el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón, donde le pidió un concepto a la Corte sobre la viabilidad y legalidad de las objeciones que presentó el presidente Duque la semana pasada.
En el Congreso de la República se crearon dos comisiones accidentales en cada cámara para discutir las iniciativas.
En la Cámara de Representantes por ejemplo se designó una comisión para estudiar las objeciones, de los nueve miembros que componen este organismo la mayoría se oponen a la decisión del presidente y aseguran que el debate ya es cosa juzgada.
Mientras tanto, en el Senado se estructuró una comisión integrada por Ernesto Macías y otros ocho legisladores. En este campo, seis de los nueve funcionarios aprueban las objeciones presidenciales.
Las dos cámaras del Congreso parecen estar completamente divididas, lo que vaticina un debate intenso.
En el legislativo se tendrán que estudiar las seis objeciones que presentó el presidente Duque a esta norma, tan pronto como se surta este trámite, el nuevo proyecto de estatutaria volverá a la Corte Constitucional.
El debate también se extendió al campo internacional. La expresidenta chilena y comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, le pidió al Gobierno colombiano que realizara definiera rápidamente el debate por la estatutaria.
Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta, salió a la defensa de las objeciones y le contestó a Bachelet. Según Ramírez, en el país se están utilizando todos los mecanismos judiciales para generar un pacto sobre el funcionamiento de la JEP.
“Si logramos que esto funcione dentro de la institucionalidad vamos a estar contribuyendo muchísimo más con la verdadera paz de Colombia y a ese respeto permanente que queremos para los derechos humanos”, dijo la vicepresidenta.
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