Velásquez tendría responsabilidad en varias irregularidades que encontró la Procuraduría en contratos del Congreso, como algunos que fueron suscritos para software, pero que después se destinaron a otros fines.
De acuerdo con el documento citado, “si se pretendía adicionar un bilateral, lo mínimo era verificar que se tratara del mismo objeto, que fuera su complemento, que con el nuevo objeto se pretendía satisfacer a plenitud lo que la entidad quiso con el primer bilateral, pero al no hacerlo, permitió que con la nueva relación contractual se adquirieran otros bienes y servicios”.
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