Colprensa Sábado, 4 de agosto de 2012

El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, solicitó a la Corte Constitucional aclarar el auto en el que ese tribunal ordenó al Ministerio de Defensa devolver un terreno a comunidades indígenas en Guaviare.

'Que aclare mediante auto motivado y no mediante comunicado de prensa, lo ordenado al Ministerio de Defensa Nacional, con respecto a la salida de la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina ubicada en el Departamento del Guaviare', señaló el procurador.

Esto, por considerar que la sala ordenó al Ministerio la devolución del área del resguardo Jiw de Barrancón, Guaviare, en un periodo no mayor a seis meses y no las seis hectáreas que se mencionan en el comunicado de prensa, con el que buscó aclarar la confusión.

En el comunicado de prensa no se ordena el retiro de dos bases militares ubicadas en los departamentos de Meta y Guaviare, sino la devolución de seis hectáreas de territorio colectivo ocupadas en Guaviare', asegura la solicitud de Ordóñez.

El jefe del Ministerio Público informó a la Corte que ordenará la conformación de 'una comisión técnica que verifique en el área la situación de las personas y pueblos cuyos derechos fundamentales se encuentran amenazados'.

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