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Colprensa lunes, 13 de enero de 2014

El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, le pidió al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, que no dilate la decisión del Ministerio Público en la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. 

“Solicitaré al señor presidente, cuando esta sanción esté en firme, que cumpla sin dilación la destitución del Alcalde de Bogotá”, señaló el jefe del Ministerio Público en entrevista con Noticias RCN. 

Indicó, además, que la decisión de ratificar la destitución de Petro no se debe a una posición ideológica contraria entre él y el alcalde. “He demostrado que no hay ni un solo argumento en mis decisiones diferentes a los que señala el ordenamiento jurídico, la Constitución, la ley, los precedentes judiciales y los reglamentos”, dijo el Procurador. 

Sobre las creencias religiosas que según la opinión pública pudieron sesgar o incidir en la sanción a Petro, indicó que estas son “más garantía que desafío a alguien y no las voy a someter a escrutinio público”. 

Además, aseguró que la Procuraduría debe investigar al Alcalde cuando este cometa una falta grave, tal cual lo señala la ley, y añadió que el destituido mandatario distrital “incumplió sus deberes de alcalde y los incumplió en materia grave”. 

“Determinó la celebración de unos contratos con unas personas abiertamente incapaces, sin competencia, sin idoneidad y esa circunstancia implicó el desconocimiento de la Constitución y la ley. Se puso en riesgo la salud de los bogotanos y el medio ambiente”, explicó. 

En ese sentido, dijo que se procedió a la investigación, aclarando que la decisión de la Procuraduría fue de acuerdo a la ley, “El funcionario no puede hacer lo que quiera, sino lo que le señalen la Constitución y los reglamentos”. 

También argumentó frente a la inhabilidad de 15 años a Petro para ejercer cargos públicos, que muchos sectores políticos y de opinión han calificado como exagerada, que “el código único disciplinario establece que cuando la falta es gravísima tendrá una sanción que oscila entre 10 y 20 años”. 

Finalmente indicó que sí el destituido alcalde se notifica este lunes, el viernes se enviará al Presidente Santos la comunicación de la Procuraduría. “Le solicitaré al Presidente que cumpla sin dilación la destitución del Alcalde de Bogotá, dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la misma”. 

“Esta decisión hay que cumplirla de acuerdo a los que no dice la ley”, puntualizó. 

"No tengo ninguna injerencia en el proceso contra Petro"

De acuerdo con Ordóñez, la decisión se debió a que desde el comienzo delegó el proceso contra el Mandatario Distrital a la Sala Disciplinaria de la entidad y que, por tanto, no conoció del mismo.

“Al no tener ninguna intervención de carácter procesal ni impedírsele ejercer esta distribución de competencias y al ser los funcionarios autónomos e independientes, no existe razón alguna”, señaló.

Igualmente, el procurador Ordóñez afirmó que el hecho de haber comunicado la decisión sobre la destitución al público tampoco lo inhabilita, ya que legalmente él es el vocero del Ministerio Público.

Ordóñez Maldonado aseguró además que el público conocimiento que tiene la ciudadanía de sus convicciones religiosas, no es motivo para recusarlo en el entendido que la libertad religiosa es protegida por la jurisprudencia constitucional.

“El hecho que los funcionarios tengamos convicciones religiosas y se conozcan, hace parte de normas constitucionales que las protegen y las garantizan. Ello no es razón para impedir el ejercicio de ninguna función pública, menos en el momento actual donde la libertad religiosas se protege con las normas antidiscriminación”, apuntó.

El Jefe del Ministerio Público señaló que no tendrá injerencia en el proceso por lo que será la Sala Disciplinaria la que de fondo conocerá del recurso de reposición presentado por la defensa de Petro.

“Porque la Ley y el Estatuto (de la Procuraduría) establecen que el Procurador podrá delegar en la Viceprocuradora o en la Sala Discplinaria el conocimiento de los procesos contra los aforados y el señor alcalde es aforado”, apuntó.

El proceso en la Cidh

Preguntado sobre el proceso que ahora se adelanta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a raíz de la decisión de destitución, Ordóñez dijo que no se trata de algo vinculante para Colombia.

“Las normas de ese carácter no son vinculantes. No puede ordenar a ningún Estado, puede solicitar. El sistema Interamericano es una Justicia complementario, no alternativa, pero son eventualidades que hay que esperar”, señaló.

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